Los trabajadores de Grupo Popular, en el que en Galicia se integra el Banco Pastor, han empezado ya a presentar las solicitudes para acogerse a las medidas acordadas en el expediente de regulación de empleo (ERE), y se está notando "bastante gente".
Así se lo han trasladado, de manera informal, responsables de la empresa a los representantes sindicales, en una nueva cita a la que se han visto convocados, en esta ocasión en la Inspección de Trabajo, en Madrid, para cumplimentar un trámite que desembocará en la elaboración de un informe por parte de la autoridad laboral.
El plazo para acogerse a las prejubilaciones, a las bajas indemnizadas y a las excedencias remuneradas se abrió este miércoles y no concluye hasta dentro de 10 días naturales, el próximo viernes 18 --incluido--.
En el conjunto de España, el ajuste llegará a 2.592 trabajadores, y en Galicia la cifra rondará los 400, según las estimaciones de la parte social.
SOBRE TODO EN LOS TRES COLECTIVOS MAYORES DE 55
En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la CIG en la entidad financiera, Rosa Conde, ha señalado que las solicitudes se notan "sobre todo" en el colectivo de trabajadores de 55 y 57 años, y también en la comunidad gallega, según le comunican sus compañeros.
A estos, el banco les dará el 65% del salario bruto o el 60% más el 60% del complemento voluntario, pero está limitado a unas 100 personas. El texto explicita que, de presentarse voluntariamente un empleado y ser rechazado quedaría excluido de cualquier baja o movilidad forzosa posteriormente, de ahí, según Conde, la afluencia de peticiones.
También están registrándose en los otros dos colectivos de mayores, el de 59 años o más --75% del salario bruto o 70% más el 50% del complemento voluntario-- y el de los de 58 años --70% del salario bruto o 65% más el 50% del complemento voluntario; limitado a 200 personas--.
De hecho, Popular, para fomentar la voluntariedad, dará una prima adicional de 3.000 euros a las personas de estos tres colectivos que se adhieran.
ALEGACIONES DE LA CIG
Por otra parte, en la reunión de este jueves en la Inspección de Trabajo, la CIG ha presentado alegaciones con vista a la redacción del informe de la autoridad laboral.
Con todo, Conde ha reconocido que la "impresión" que le dio es que el inspector "no va a aportar algo que pueda suponer que se desbarate" el expediente, ya que fue "desmontando", en base a su criterio, las alegaciones que planteaba la central nacionalista.
En este contexto, esta organización sigue estudiando si impugnar el ERE, algo para lo que tiene 20 días desde su firma, que rubricó la mayoría de la representación sindical.
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