Aumentan un 186% los expedientes abiertos por el Govern por mala gestión de los residuos

El Govern ha abierto este 2016 un 186% más de expedientes sancionadores por incumplimiento en la normativa de gestión de residuos que el año anterior, lo que ha supuesto unos ingresos por sanciones de 94.800 euros, un 77,84% más que en 2015, cuando se recaudaron 21.000 euros.

Así pues, de 2015 a 2016, el número de expedientes sancionadores abiertos pasó de 24 a 69, mientras que en el primer trimestre de 2017 ya se han incoado 59, ha informado la dirección general de Educación Ambiental en un comunicado.

En este sentido, el Ejecutivo balear ha cerrado provisionalmente, por primera vez en su historia, una instalación de tratamiento y gestión de residuos por incumplimiento de la normativa: el centro de recepción y descontaminación de vehículos fuera de uso ubicado en el polígono de Son Fuster, en Palma. De hecho, ha dejado abierta la posibilidad de tomar medidas similares en otros centros que no respeten la normativa.

La medida ha sido tomada después de que los técnicos del servicio de residuos y suelos contaminados inspeccionaran la instalación y constataran deficiencias "importantes".

Este centro, han explicado desde el Govern, fue denunciado en 2016 por la Guardia Civil y la Policía Local de Palma por almacenar vehículos parcialmente desmontados en la calle y operar sin la autorización preceptiva en unas instalaciones que no cumplían la normativa. Además, gestionaba y almacenaba inadecuadamente los residuos, pues abandonaba piezas y componentes en la vía pública, y se mezclaban diferentes categorías de residuos peligrosos y no peligrosos.

Con esta medida, el Govern ha ido más allá de la demanda del restablecimiento del medio y las sanciones que se han impuesto tradicionalmente, a las cuales se puede sumar en un futuro la utilización de otras herramientas legales, como multas coercitivas, con el fin de combatir con más contundencia las infracciones cometidas.

El cierre temporal y la suspensión de la actividad son una medida para evitar la continuidad del infractor, garantizar el restablecimiento de la legalidad ambiental y evitar el perjuicio económico de las otras empresas del sector, ha indicado la dirección general.

Por otro lado, han manifestado que desde que entró el vigor el nuevo Real decreto sobre vehículos al final de su vida útil, las instalaciones encargadas de gestionar los mismos disponen de seis meses para adaptarse, mientras que la Conselleria de Medio Ambiente llevará a cabo actuaciones de vigilancia, inspección y control para garantizar que se cumple esta normativa.