"El funcionamiento del RCDE se encuentra ahora mismo en la tercera fase para que los derechos de emisión de gases de efecto invernadero sean establecidos en el ámbito de la UE y en el cuál el método de subasta constituye el modo de asignación más transparente", ha explicado el procurador naranja, quien asegura que este método permite llevar a la práctica el principio de "quien contamina paga".
Según Castaño, a pesar de que se están haciendo esfuerzos para evitar el fraude fiscal, estos "no se centran en reflejar el destino de la recaudación de los fondos originados por el mercado ni el destino tanto de los fondos como el de las sanciones", al tiempo que señala que "tampoco se está desarrollando una correcta contabilidad ambiental que calcule los sumideros de CO2 o masas forestales que absorben la contaminación".
"Esta situación no especifica cómo se puede compensar a los agentes descontaminantes, como por ejemplo el sector forestal", ha criticado el procurador de Ciudadanos, quien ha subrayado que "Castilla y León tiene pleno derecho a conocer exactamente lo que le corresponde económicamente según su capacidad de descontaminación".
David Castaño ha concluido que, según el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión en la Unión Europea, "al menos la mitad de los ingresos procedentes de las subastas y el total de los correspondientes al sector de la aviación se deben dedicar a la lucha contra el cambio climático".
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