Así lo ha explicado la consejera de Infraestructuras y Medio Ambiente, Belén Fernández, durante su comparecencia ante la comisión del ramo en la Junta General.
Según los datos que maneja la consejera, han sido 833 toneladas de residuos orgánicos recogidas en los dos años que lleva vigente el sistema de ayudas (513 en 2016 y 320 en 2015), en el que participan los ayuntamientos de Avilés, Cangas del Narcea, Castropol, Gijón, Llanes y Mieres. Las ayudas se destinan a financiar el transporte de los residuos y las campañas publicitarias, además de la compra de contenedores.
Se trata, según Fernández, de un balance "muy modesto", que no es "satisfactorio". "Hemos decidido dejar sobre la mesa esta línea de subvenciones y redifinirla con la idea de ser más eficaces", ha explicado.
Las subvenciones a la recogida selectiva de materia orgánica ha sido una de las muchas cuestiones que Fernández ha destacado para defender la labor del Gobierno a fin de incentivar la recogida selectiva de los Ayuntamientos.
Lo ha hecho ante las críticas del diputado de Ciudadanos, Nicanor García, autor de la pregunta por la que ha comparecido la consejera. El diputado ha criticado el escaso aumento de la recogida selectiva, cuando las exigencias europeas marcan un mínimo del 50% de residuos reciclados en 2020.
García considera que "hay que comprometer e incentivar a los ayuntamientos e instituciones". "Medidas e incentivos y medidas sancionadoras a quien no lo cumpla. Algunos ayuntamientos incentivan a las comunidades, y también imponen las correspondientes sanciones a las que no lo hacen", ha explicado.
También ha reclamado que se avance en la red de escuelas de reciclaje y en otros medidas de concienciación.
La consejera ha defendido, sin embargo, ha reivindicado los esfuerzos llevados a cabo desde el Ejecutivo autonómico y el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) para incentivar la recogida separada de materia orgánica, que las entidades locales han de desarrollar por imperativo legal a fin de alcanzar que en 2020 el 50% de los residuos domésticos y comerciales se preparen para ser reutilizados o reciclados.
Fernández ha defendido que para alcanzar esas metas, además de mejorar el rendimiento de las líneas tradicionales de recogida de papel-cartón, envases ligeros y vidrio, es imprescindible una implantación generalizada y eficaz de un nuevo servicio de captación de los desechos orgánicos de viviendas, hostelería, mercados y supermercados, y comedores de equipamiento colectivos como colegios, residencias y hospitales, entre otros.
En este sentido, ha señalado que en la actualidad el Principado está trabajando desde tres perspectivas diferentes: prestando apoyo económico para la implantación, educando para el reciclaje y procurando instalaciones como la planta de biometanización, que entró en servicio en 2013, tras una inversión de 19 millones, para dar el tratamiento más adecuado a estos residuos. A menor escala, ha citado también el compostaje de la fracción orgánica de huerta y cocina que se realiza desde 2009 y en el que ya participan 60 ayuntamientos y 9.214 familias.
Esta edición, Cogersa oferta a todos los hogares que posean una pequeña finca una compostadora con el objetivo de que en este ejercicio se sumen a la campaña unas 1.500 familias más y participe el mayor número posible de ayuntamientos.
No obstante, ha reconocido que apenas una docena de municipios ha solicitado las ayudas ofertadas por el Consorcio para sufragar hasta el 50% de los costes de la recogida y del transporte hasta Serín, además de los gastos de comunicación y publicidad, o de cubos y contenedores. En términos económicos, el máximo anual se adjudicó en 2016, con 335.000 euros sobre el millón disponible.
INCINERADORA
García ha reprochado a la consejera que aún siga considerando la posibilidad de construir una incineradora, remitiéndose a sus declaraciones en el pleno de la Junta del pasado jueves. Al respecto, Fernández ha dejado claro que "si tuviéramos una predisposición" a seguir adelante con los planes de la planta de revalorización energética, "no estaríamos en una revisión del plan de residuos".
Ha dejado claro que "por razones jurídico formales, la incineración tendría que estar ahí contemplada como una opción identificada en el marco europeo y nacional", pero ha insistido en que ha comprometido "la voluntad del Gobierno de buscar la solución que mayor consenso concite".
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