La movilización ha sido fijada para las 11,00 horas en la barriada de La Liebre, la más próxima a las instalaciones industriales, y según ha dicho a Europa Press Francisco Gavira, uno de los activistas del movimiento ecologista de Alcalá, para ella se han impreso "15.000 octavillas" y unos 500 carteles. Así, ha llamado a la ciudadanía a participar de esta protesta, celebrada en el marco del VII Encuentro Estatal de Plataformas contra la incineración de residuos en cementeras, que se ha celebrado precisamente en Alcalá.
Según los ecologistas, que han promovido toda una campaña social en contra de esta medida, gracias a la revisión de su autorización ambiental integrada, la planta contaría con disposición de incinerar 292.000 toneladas de residuos al año para su uso como combustible. "Esa cantidad supera a los residuos que procesan todas las cementeras de Andalucía juntas", dicen los ecologistas, que avisan de "emisiones a la atmósfera", con sus correspondientes consecuencias en un área densamente poblada, en la primera corona del área metropolitana de Sevilla.
Pero el conflicto ha ido más allá del plano social, porque de un lado, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tramita el recurso promovido por Alwadi-ira-Ecologistas en Acción, contra la decisión de la Junta de Andalucía de modificar la autorización ambiental unificada (AAI) de la planta cementera, precisamente para permitir la incineración de residuos no peligrosos.
LA VERTIENTE URBANÍSTICA
De otra parte, la empresa sopesaría posibles acciones legales contra la operación promovida por el Ayuntamiento de Alcalá, gobernado por Ana Isabel Jiménez (PSOE), para modificar sus normas urbanísticas y establecer unas "distancias mínimas" de dos kilómetros entre las actividades industriales que "utilicen residuos como combustible alternativo" y las "zonas de suelo urbano o urbanizable", lo que en la práctica implica un bloqueo de las pretensiones de la cementera.
La empresa Cementos Portland, de su lado, expone que prevé invertir dos millones de euros en implementar en su fábrica un sistema de valorización energética de residuos, aspecto que tienen 28 de las 33 plantas que la cementera tiene en España. La compañía justifica esta medida en "el abaratamiento en los costes de producción" y augura una mayor actividad económica fundamentalmente en la comarca, "contribuyendo al desarrollo del sector del reciclaje".
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