PRESENTAN UN RECURSO DE ALZADA EN ENERGÍA CONTRA LA AUTORIZACIÓN DEL ATI DE ALMARAZ

El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), formado por unas 50 organizaciones ecologistas y ciudadanas españolas y portuguesas, ha presentado ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital un recurso de alzada contra la autorización de este departamento sobre el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).
El MIA señaló este lunes en un comunicado que esa autorización es ilegal porque durante el procedimiento “no se consultó al Gobierno portugués, tal y como es preceptivo según varios tratados internacionales y directivas europeas, a pesar de que éste mostró su interés al menos en dos ocasiones”.
Esta plataforma, de la que forma parte Ecologistas en Acción, recalcó que España firmó los convenios de Espoo y de Aarhus y el protocolo de Kiev, según los cuales debe tenerse en cuenta el posible impacto transfronterizo de cualquier instalación o infraestructura, en particular almacenamientos nucleares, que se construyan en Europa y se debe informar a los terceros países afectados y tener en cuenta sus alegaciones cuando así lo soliciten.
Además, el MIA apuntó que existen varias directivas de la UE que abundan en tener en cuenta el posible impacto transfronterizo de las instalaciones e informar a los países vecinos cuando sean afectados o lo soliciten. En todos los convenios se hace mención explícita a la construcción de un almacén de combustible gastado.
El Gobierno portugués se dirigió al menos dos veces al Ejecutivo español interesándose y pidiendo información sobre el ATI de Almaraz, concretamente el 29 de septiembre y el 19 de octubre de 2016, según el MIA, porque el Almacén Temporal Individualizado podría tener afecciones transfronterizas.
Pese a ello, el Gobierno español no remitió la información preceptiva a portugués ni se dirigió a éste para que presentara alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental e hiciera público el procedimiento para facilitar que la ciudadanía portuguesa también pudiera presentar alegaciones.
Además de ignorar al Gobierno portugués, el ATI supone una serie de afecciones ambientales que violan varios artículos de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el MIA.
Por ello, el Movimiento Ibérico Antinuclear ha presentado un recurso de Alzada ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital contra la autorización final y contra la Declaración de Impacto Ambiental positiva al aducir que el procedimiento estuvo “viciado de origen”, por lo que solicita que se paralice el proceso para evitar que el asunto llegue a los juzgados.
“Ignorar a las autoridades portuguesas que, a su vez, habrían extendido la documentación a la ciudadanía y a las organizaciones portuguesas interesadas para que pudieran alegar es un hecho lo suficiente grave como para invalidar el proceso. Asimismo, muestra el talante prepotente de los propietarios de Almaraz, que ya dan por segura la continuidad de la central", comentó Francisco Castejón, coordinador del MIA y portavoz de Ecologistas en Acción.

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