El Parlamento gallego insta al Gobierno central a retirar el recurso en el TC para legalizar los núcleos del litoral

El BNG arguye que se trata de "defender viviendas, no hoteles" y el PSOE defiende una mesa de trabajo entre Estado, Xunta y ayuntamientos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

Los tres grupos con representación en el Parlamento gallego decidieron hoy por unanimidad demandar al Gobierno central la retirada del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Vivienda de Galicia con el objetivo de "legalizar y normalizar" la situación de los núcleos urbanos del litoral gallego.

Así, la comisión de Ordenación Territorial aprobó una proposición no de ley impulsada por el Bloque y a la que se sumaron distintas enmiendas de los grupos socialista y popular encaminadas a "buscar una solución" para los núcleos rurales tradicionales de Loira, Aguete, Mogor, Casás y A Teoira, en Marín (Pontevedra), anteriores a la vigente Ley de Costas del año 1988.

La encargada de argumentar la proposición, la nacionalista Teresa Táboas, explicó que se trata de "defender viviendas, no complejos turísticos ni hoteleros", que se encuentran en "una situación de incerteza" debido al "desconocimiento" del Gobierno estatal "de la realidad de estos núcleos costeros". Por ello, se mostró partidaria de lograr una modificación de la Ley de Costas que aumente las competencias de la Comunidad gallega sobre su litoral.

Por su parte, la diputada del PSdeG Mar Barcón optó por la constitución de una mesa de trabajo con la presencia de técnicos de la Administración central, la autonómica y de los ayuntamientos afectados para que "se exploren todas las posibilidades de solución" y "se llegue, en el menor tiempo posible, a un resultado aceptable para los vecinos". "Porque el espíritu de la ley estatal es la defensa de la costa frente a la especulación", esgrimió.

Por último, el parlamentario popular Román Rodríguez defendió también "la singularidad del sistema de asentamientos tradicionales de Galicia" y celebró el "encuentro" entre las tres fuerzas políticas. Consciente de que la normativa estatal "no conoce el territorio gallego", apostó por solicitar la modificación de la citada normativa estatal en el caso de que el Gobierno rechace la retirada del recurso.

PROPOSICIÓN

De esta forma, la proposición no de ley aprobada por unanimidad insta al Gobierno gallego a demandar del Ejecutivo central la retirada del recurso o, en su caso, la modificación de la Ley de Costas "teniendo en cuenta las peculiaridades de los asentamientos poblacionales de Galicia, para reforzar las competencias de ordenación del litoral".

Además, aboga por defender la disposición adicional segunda aunque se materialice la admisión a trámite del recurso, a través de "la presentación de las correspondientes alegaciones y otras acciones que se estimen oportunas en el proceso que eventualmente se abra en el TC".

En esta línea, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, ratificó, en respuesta a una pregunta en pleno esta semana, que pedirá al Gobierno central que retire el recurso de inconstitucionalidad a la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Vivienda de Galicia.

RECURSO

El Consejo de Ministros aprobó en abril interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Vivienda de Galicia, que contó con el acuerdo de las tres formaciones políticas con representación en el Parlamento gallego, y por la que se legalizaban núcleos de población situados en la franja litoral afectados por el deslinde de la Ley de Costas estatal --que estipula una zona de servidumbre de 100 metros--.

Muchos de los asentamientos afectados fueron edificados con posterioridad a 1988, pero lo que buscaba la enmienda a la Ley de Vivienda pactada por los tres grupos políticos era intentar legalizar los que sí está certificado que eran preexistentes. Este es el caso de cinco núcleos de Marín, de los que la Consellería de Política Territorial documentó que existían con la consideración de suelo urbano antes de que se promulgase la Ley de Costas estatal.

La delimitación del dominio marítimo-terrestre que acomete el Gobierno central provoca que las propiedades que se encuentran dentro de esta franja pasan a ser titularidad del Estado o pueden recibir una orden de derribo.

La disposición adicional de la Ley de Vivienda recurrida por el Gobierno central reivindica que en los deslindes del dominio público marítimo-terrestre, el límite interior de su zona de servidumbre de protección "habrá de ajustarse a la realidad urbanística preexistente reconocida expresamente por la Administración urbanística autonómica".