El borrador de orden ministerial, al que ha tenido acceso Europa Press, indica en su memoria económica que, de funcionar las plantas de purines al ritmo de 2013 y de mantenerse la previsión de precios del gas, estas instalaciones ocasionarán al sistema eléctrico un coste de 142 millones en 2017.
La orden ministerial de peajes de electricidad para 2017, en la que se congela la parte del recibo que los consumidores deben dedicar a cubrir los costes regulados del sistema, pronostica un leve superávit de 9 millones de euros para este año, que se sumaría a los obtenidos en 2014, 2015 y, previsiblemente, en 2016.
Al elaborar la orden ministerial, el Ministerio de Energía no incluyó ninguna partida relacionada con los costes de los purines, de modo que el importe ahora reconocido, de confirmarse, abocará al sistema a un escenario de déficit de tarifa.
El departamento dirigido por Álvaro Nadal no incluyó ningún coste para los purines porque se hallaba a la espera de ejecutar la sentencia del Supremo que daba la razón a la empresa Energyworks San Millán y obligaba no solo a revisar la retribución, sino a indemnizar por los importes pagados de menos en el pasado.
Energía no indica en el borrador a cuánto ascenderá la indemnización por la menor retribución de años anteriores, pero sí indica que a lo largo de 2017 el sistema eléctrico deberá asumir unos costes por 142 millones para retribuir los purines, a los que se suman otros 136 millones en 2018 y 102 millones en 2019. En total, los sobrecostes del periodo comprendido entre 2017 y 2019 serán de 380 millones.
Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las plantas para el tratamiento de purines de porcino tienen una potencia instalada de 384 megavatios (MW) y producen casi 3.000 gigavatios hora (GWh) al año.
El año pasado, el Supremo anuló dos anexos de la orden ministerial 1045/2014 en los que se recogen los parámetros retributivos de las plantas de producción de electricidad a partir de purines y obligó al Gobierno a aprobar una regulación sustitutiva.
INCERTIDUMBRE.
Este nuevo coste suma incertidumbre a la parte regulada del sistema eléctrico, sobre la que también podría recaer el importe de la indemnización por 500 millones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo por haber financiado el bono social en los últimos años. El Gobierno ha anunciado que recurriría la sentencia del Supremo en la que se da la razón a las eléctricas.
La otra parte del recibo, la de mercado, se está viendo condicionada por las fuertes subidas del precio de la electricidad en enero debido a aspectos como ola de frío, el menor recurso hidráulico, los problemas de suministro de gas o la menor contribución de la eólica.
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