El Govern pide al Ministerio que deje sin efecto los cambios en el impuesto al sol que perjudican a Baleares

Además, en la carta, Pons ha recordado al ministro que se mantiene la exención para Canarias, Ceuta y Melilla mientras se levanta para Ibiza y Formentera, según ha indicado el Govern en una nota de prensa.

El conseller ha concretado que el hecho de que el impuesto al sol pueda variar anualmente tiene una incidencia negativa en los particulares porque no pueden prever con seguridad qué cantidad tendrán que pagar anualmente en este concepto a la hora de decidir llevar a cabo una inversión en instalación de placas solares.

Del mismo modo, Pons ha advertido que el impuesto al sol tiene consecuencias especialmente negativas para Baleares porque, al ser las islas un territorio limitado, cobra más importancia la necesidad de favorecer el autoconsumo energético aprovechando espacios ya edificados para la generación de energía.

También ha explicado que debe tenerse en cuenta que para Baleares la generación de energía de fuentes fósiles es aún más cara que en la Península, de forma que resulta "imprescindible favorecer y no penalizar" las renovables.

SUBASTA DE ENERGÍA RENOVABLE

En la misma carta, el conseller ha solicitado al ministro que el Govern pueda participar en la definición de las condiciones de la subasta para energías renovables para territorios extrapeninsulares anunciada recientemente por el Ministerio.

Desde la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad se ha visto con buenos ojos la convocatoria anunciada por el Gobierno, aunque considera necesario conocer los detalles y compartir con el Estado la concreción del proceso.

Pons ha planteado al Estado que se incluyan particularidades específicas para Baleares que, entre otras cuestiones, garanticen la viabilidad de parques de energías renovables de pequeñas dimensiones teniendo en cuenta la limitación territorial de las islas y la necesidad que hacer compatible el avance de las renovables y la protección del territorio.

Igualmente, el Govern ha considerado "imprescindible" que los plazos de la subasta hagan realmente viable la presentación de proyectos y que garanticen la certeza a largo plazo de estos sistemas retributivos por seguridad jurídica y de la inversión.