Industria impone a la central de Ascó la mayor multa de la historia


El Ministerio de Industria ha impuesto hoy a la central nuclear de Ascó I (Tarragona) sanciones por un valor total de 15,4 millones de euros, ya que considera que cometió cuatro infracciones graves en relación con la liberación de partículas radiactivas.

El total de la multa es la sanción más alta impuesta hasta ahora a una central nuclear española, casi diez veces más alta recibida por la central de Vandellós II por valor de 1,6 millones. En esa ocasión, la penalización respondió a la gestión de un problema de corrosión en el sistema de aguas esenciales, detectado en agosto de 2004 y que mantuvo la planta parada 5 meses y medio al año siguiente.

Una sanción “ridícula”

El responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ha criticado que el expediente sancionador fue un “paripé”, ya que los niveles de radiactividad plasmados en el expediente son “muy inferiores” a los que realmente se alcanzaron.

Bravo ha explicado que la radiactividad, en los meses siguientes a la fuga, era “mil veces superior” a la que finalmente registró el Consejo de Seguridad Nuclear, que “sólo inspeccionó la zona unas pocas semanas”. También ha lamentado que la sanción es “ridícula” en comparación al “dinero que la central ganó mientras siguió funcionando, aún sabiendo que había partículas en la zona”.

Los hechos

El ministro Miguel Sebastián anunció el pasado mes de agosto que el Gobierno actuaría con “contundencia”, al considerar que las centrales nucleares “deben ser seguras y ello conlleva que no haya manipulaciones ni ocultaciones”.

Según los informes sobre lo sucedido elaborados por el Consejo de Seguridad Nuclear, el suceso que originó la contaminación se produjo durante las operaciones de limpieza en el edificio de combustible, que se realizaron durante la última recarga de la Unidad I, el 26 de noviembre de 2007.

Aquel día se recogieron con una aspiradora los restos de agua y lodos del canal de transferencia que no habían sido extraídos por la bomba de vaciado, y lo que se recolectó -unos 50 litros- se vertió en la piscina de combustible gastado en una zona próxima a las rejillas de aspiración de la ventilación, contaminando así el sistema de ventilación de este edificio.

La ventilación estaba funcionando en modo de emergencia, por lo que el caudal de aire se hacía pasar por una batería de filtros de alta eficiencia, que impide la posible emisión de material radiactivo al exterior.

Tras días después de aquella operación se paró la ventilación de emergencia y se conectó la ventilación normal, que no filtra el aire, momento en que con toda probabilidad debió comenzar el arrastre de partículas contaminadas residuales, alojadas en los conductos de ventilación, hacia el exterior de la planta a través de la chimenea.

Meses después, el 14 de marzo de 2008, en el transcurso de la vigilancia radiológica semanal en el exterior de los edificios, se detectó una partícula radiactiva en el suelo, próxima a la esclusa de equipos del edificio de contención de la Unidad I, que fue inmediatamente retirada, y la empresa amplió la frecuencia de vigilancia en esa zona.

El 2 de abril el titular de la central amplió la vigilancia a zonas aledañas y encontró nuevas partículas en las terrazas del edificio de combustible, auxiliar y de penetraciones mecánicas, por lo que optó por volver a ampliar la vigilancia a las terrazas del resto de edificios y al suelo del emplazamiento dentro del doble vallado.

En esa ampliación de la vigilancia se encontraron nuevas partículas dispersadas en la dirección dominante de los vientos, siempre en el suelo de la zona de la Unidad I.

Dos días después, el 4 de abril de 2008, se incorporaron a la vigilancia las zonas exteriores al doble vallado dentro del emplazamiento de la central, y también se volvieron a encontrar partículas radiactivas en la dirección dominante del viento.

Estudios radiológicos Las partículas que se encontraron son fundamentalmente de Cobalto-60, Manganeso-54, Cromo-51 y Hierro-59, y el material se encontró en forma de puntos, y no de una contaminación uniformemente distribuida en el terreno.

Tras conocerse el suceso, se sometieron a estudios dosimétricos radiológicos más de 2.500, de las cuales 447 son trabajadores de la central; 1.074 son empleados de contratas externas; y 993 personas que accedieron al emplazamiento durante los meses anteriores a la fuga.

Una misión de expertos de la Comisión Europea visitó la central para analizar lo sucedido y los pasos que dio el CSN, un organismo que efectuó un control independiente sobre una muestra del colectivo de personal con mayor probabilidad de haber resultado afectado.

Aquel estudio fue encargado al Servicio de Dosimetría Personal Interna del Centro e Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y concluyó que en ninguna de las personas analizadas se había detectado presencia de contaminación.