Ante esta situación, la ONG pide al Gobierno que actualice la Estrategia Nacional de Lucha contra el Veneno y endurezca las sanciones por tenencia y uso de veneno, así como medidas de sensibilización y lucha, a través de la creación de nuevas patrullas caninas y agentes medioambientales, como el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
El 'Venenómetro 2016' señala que Andalucía, aunque es la única que aprueba, ha perdido puntuación desde 2011 y que las únicas que se acercan al aprobado son Aragón y Cataluña, según WWF, que ha analizado el trabajo que realizan las 17 comunidades autónomas ante este problema y ha concluido que diez de ellas presentan "graves carencias".
Ante esta situación, la ONG exige a las CCAA que "cumplan" la ley y reduzcan la alta impunidad actual y al Gobierno, le pide que actualice la Estrategia Nacional de Lucha contra el Veneno y de prioridad a este asunto en la política ambiental.
La organización ve "preocupante" la situación de ciertas comunidades, como Castilla-La Mancha o Extremadura, donde el veneno tiene "especial gravedad", puesto que albergan las poblaciones de algunas especies emblemáticas como buitre negro, alimoche, milano real o águila imperial.
Por comunidades, la mejor valorada es Andalucía, aunque ha perdido puntos respecto a 2011 por la falta de aplicación de su "completa" normativa contra el veneno, si bien encabeza la clasificación, según concluye el 'Venenómetro 2016', por su equipo humano especializado y profesional en la Estrategia Andaluza.
A esta le siguen Aragón y Cataluña respectivamente, por sus avances a la hora de aplicar la estrategia regional y por los "excelentes resultados" del grupo de agentes rurales especializados en Lérida.
En el grupo "intermedio" pero "insatisfactorio" del ranking están Castilla-La Mancha, Baleares, Navarra y Asturias, que muestran muchas deficiencias, excepto en algunos puntos concretos donde se ha producido algún avance significativo.
Las peores notas son las de Castilla y León, País Vasco, Madrid, Canarias, Cantabria, Galicia, Valencia, Murcia, La Rioja y Extremadura, porque tienen "graves carencias" a la hora de luchar contra el veneno.
La ONG considera un "caso muy particular" el de Castilla y León, que ocupó el segundo puesto del Venenómetro en 2011 y ahora cierra la clasificación con apenas diez puntos. Esto se debe, principalmente, a la penalización por las tres campañas de envenenamiento con rodenticidas que ha llevado a cabo en 2012, 2014 y 2016.
CIERTOS AVANCES
Sin embargo, el informe habla también de ciertos avances en siete comunidades autónomas en la Comunidad Valenciana, Cantabria, Canarias, Cataluña, Navarra y Extremadura e incluso en la propia Castilla y León. La ONG valora que han aprobado Estrategias o planes de acción de lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados, que se han sumado a las que ya disponían de estrategias (Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón).
Pese al "cierto avance" que admite la ONG, lamenta que el "muy reducido" grado de compromiso e implicación para cumplir con lo que establecen dichos planes.
En total señala que entre 1992 y 2013 los cebos envenenados habrían matado a 185.000 animales en España entre aves y mamíferos y algunos de ellos de especies amenazadas como el águila imperial, el quebrantahuesos, el buitre negro, el milano real o el oso pardo, lo que supone una amenaza para su recuperación.
En este contexto, el responsable del Programa de Especies de WWF España, Luis Suárez, lamenta que "por desgracia", seis años después del último Venenómetro no se ven avances "significativos" en la lucha contra el veneno en España, a pesar de que este es "uno de los mayores problemas de conservación de la biodiversidad".
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