Los trabajos, ya iniciados, suponen una "barbaridad", según ha indicado asimismo a Europa Press el portavoz de WWF en Andalucía, Juan José Carmona, que ha criticado la "política de hechos consumados" llevada a cabo por parte de la empresa respecto a un procedimiento que aún cuenta con recorrido en los tribunales e incluso en instancias europeas.
"Gas Natural viene a restar, y no a sumar, en Doñana; lo que menos les preocupa son las cuestiones relacionadas con la conservación natural", ha subrayado Carmona, que ha sido claro al sentenciar que las administraciones, "dentro de sus competencias y al margen del debate sobre si la actuación es dentro o fuera del espacio natural", pueden aún impedir el proyecto, "lo que no solo solicitamos nosotros, sino las miles de firmas de ciudadanos que se entregaron a la presidenta".
Especial hincapié realiza WWF en la Junta, que en opinión de su portavoz podría haber hecho más para forzar que no se llevara a cabo una intervención que no debería empezarse en función de los principios de precaución y las posibles afección al espacio natural y a especies protegidas.
AMPLIO MOVIMIENTO CIVIL DE OPOSICIÓN
Por su parte, Ecologistas se encuentra a la espera de que Bruselas confirme el envío de una delegación a la zona para evaluar el conflicto --el plazo otorgado es la primera quincena de septiembre--, mientras que, asimismo, intenta consolidar un amplio movimiento civil de oposición, según ha confirmado a Europa Press el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero.
La organización ecologista recuerda además a la administración central y la autonómica, a la administración Local y a los órganos de participación que es su "obligación" luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y "santuario de la vida salvaje", y que en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias y renovables, deben oponerse al citado proyecto de almacén de gas en Doñana, precisan en un comunicado.
Los ecologistas comprobaron 'in situ' el sábado pasado que en las inmediaciones de la sede central de Gas Petroleum España en Doñana ya se encontraba la maquinaria necesaria para iniciar los trabajos de los proyectos para la construcción de infraestructuras e inyección de gas para su almacenamiento en el subsuelo de Doñana. Asimismo, la finca contigua, de propiedad pública de la Junta de Andalucía, estaba marcada para la realización de zanjas, del mismo modo que la verja de separación con el camino de Taranjales, al norte de El Rocío, y la finca colindante al otro lado del camino, de propiedad privada.
Ello demuestra que el Gobierno en funciones de España "ha sido impulsor del proyecto de convertir Doñana en almacén de gas que fue aprobado por un ministro dimitido por evasión de capitales en el caso de los papeles de Panamá y que a día de hoy parece que va a ser recolocado en el Banco Mundial, en contra de todas las autoridades españolas y europeas competentes y obviando experiencias anteriores desestimadas por su peligrosidad".
El Gobierno, añade, ha incumplido la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental que requiere que todos los proyectos sean evaluados de forma conjunta y considerando los efectos acumulativos, y ha ignorado el principio de precaución de la Unión Europea, "obviando otros proyectos similares y en zonas sensibles como Doñana que han tenido que ser abandonados por los graves problemas causados como explosiones y movimientos sísmicos nada más ser iniciados y por los riesgos potenciales que presentaban tanto para las personas como para medio ambiente, como la contaminación de acuíferos o el elevado consumo de agua".
Ecologistas, en fin, reitera su petición a la Junta de paralización de las obras hasta que sea resuelto el recurso de alzada, pues si bien sus competencias ambientales se refieren al espacio protegido, el trabajo actual se hace en terreno propiedad de la Junta y, además, dentro del proyecto subdividido en cuatro está prevista la intervención dentro del Espacio Natural Doñana y la Red Natura 2000.
Asimismo, el colectivo pide al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, que lleve a cabo los acuerdo adoptados por la Comisión Permanente de este órgano: en particular, el acuerdo adoptado en marzo de 2015 de instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central en funciones a la paralización de los trabajos hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto en su conjunto.
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