Fiscal buscará este jueves el apoyo de la UE para una evaluación ambiental conjunta del proyecto de gas en Doñana

En este sentido, según ha informado la Consejería en una nota, Fiscal buscará el apoyo de las autoridades europeas para intentar que el Gobierno central haga una evaluación ambiental del conjunto del proyecto de Gas Natural y no pieza a pieza. Desde un primer momento la Junta ha defendido la necesidad de evaluar de forma conjunta los cuatro proyectos en que la empresa ha dividido la actuación para tener en cuenta los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos que podrían causar en Doñana y su entorno. No en vano, este proyecto está avalado técnica y medioambientalmente por el Estado, que tiene las competencias para autorizar este tipo de iniciativas y evaluarlas ambientalmente.

El consejero ya explicó en el Parlamento que en 2014, cuando se produjo la paralización de los expedientes debido a la reclamación de la Junta al Gobierno central de revisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para que se tuvieran en cuenta los impactos acumulativos de todos los proyectos, Gas Natural presentó una reclamación de 358 millones de euros al Gobierno autonómico por responsabilidad patrimonial por la paralización de dichos proyectos.

Según la versión de la administración andaluza, la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos contempla el organismo competente para autorizar este proyecto es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y por tanto es también el Estado el encargado de emitir la DIA a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Los cuatro proyectos en que la compañía ha troceado el gaseoducto están sometidos a Autorización Ambiental Unificada (AAU). Así, en el caso de 'Marismas Oriental', la AAU fue desfavorable por su afección negativa al Espacio Natural de Doñana; mientras que Aznalcázar y Marismas Occidental sí contaron con autorizaciones expresas favorables. La autorización para este último, cercano al ámbito geográfico de este espacio natural pero no en el interior del mismo, fue sometida al criterio del Consejo de Participación de Doñana que informó favorablemente al estimar que el condicionado era lo suficientemente riguroso.

El proyecto de Saladillo dispone de una AAU virtual, ya que es anterior a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), aunque sí deberá respetar la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos, para lo cual habrán de tenerse en cuenta los nuevos instrumentos de planificación de Doñana, recientemente aprobados, que prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

En la reunión de este jueves, Fiscal informará también de las medidas de conservación que se están desarrollando en Doñana y en otros espacios naturales protegidos para promover y difundir el patrimonio natural, así como para preservar sus hábitats.

Por último, el titular de Medio Ambiente explicará los trabajos que está desarrollando la Junta de Andalucía para mejorar las infraestructuras hidráulicas y la calidad de las aguas, tal y como establece la directiva comunitaria en esta materia.