Fernández ha indicado que "cuando los daños se producen en un coto de caza, entre afectados y cazadores discuten y llegan a un acuerdo; el problema mayor es cuando el responsable de los daños es la administración, aquí el dialogo es imposible".
"No podemos consentir la Consejería de Desarrollo Rural eluda pagar los daños ocasionados por la fauna salvaje", ha destacado Carmen Fernández, quien ha hecho público una propuesta que ha llevado a la Junta General de modificación de la actual Ley de Caza por la que "la administración debe estar obligada por ley para que de verdad pague y lo haga en un tiempo razonable".
El proyecto presentado por Foro contempla que el plazo máximo para la resolución será de 45 días desde el acuerdo de iniciación del procedimiento que podrá ser solicitado por el propio interesado.
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