Los agentes del Seprona, en el marco de las funciones de vigilancia de la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, inspeccionaron el local comercial en cuestión el pasado 15 de marzo, hallando en su interior diferentes tipos de fungicidas e insecticidas considerados como nocivos, tóximos o muy tóxicos.
Además, los agentes comprobaron que el responsable de los compuestos fitosanitarios no se hallaba inscrito en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitarios (ROPO), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y que además tampoco estaba habilitado para la manipulación de estos productos.
En consecuencia, el Seprona denunció a esta persona por una infracción a la Ley de Sanidad Vegetal, en concordancia con el Real Decreto del Ministerio de la Presidencia por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos, lo que puede constituir una infracción grave con sanciones económicas desde 3.000 a 120.000 euros.
El propietario también fue denunciado ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias por una supuesta infracción de la Ley de residuos y suelos contaminados, en concordancia con la Orden por la que se regula la retirada de los productos fitosanitarios que contengan sustancias activas excluidas de la lista comunitaria. Esta infracción, también grave, puede acarrear sanciones económicas desde 9.000 a 300.000 euros.
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