Multan a la constructora de una represa en la frontera Brasil-Bolivia por destruir un bosque

  • Río de Janeiro, 10 feb (EFE).- Las autoridades ambientales brasileñas multaron hoy al consorcio que construye la central hidroeléctrica de Jirau, en la frontera entre Brasil y Bolivia, por destruir parte del bosque de una reserva natural, informaron fuentes oficiales.

Multan a la constructora de una represa en la frontera Brasil-Bolivia por destruir un bosque

Multan a la constructora de una represa en la frontera Brasil-Bolivia por destruir un bosque

Río de Janeiro, 10 feb (EFE).- Las autoridades ambientales brasileñas multaron hoy al consorcio que construye la central hidroeléctrica de Jirau, en la frontera entre Brasil y Bolivia, por destruir parte del bosque de una reserva natural, informaron fuentes oficiales.

El consorcio, liderado por el grupo franco belga Suez e integrado por varias empresas brasileñas, cortó sin autorización 18,65 hectáreas de bosque amazónico en una reserva protegida de forma permanente, para la construcción de la represa, por lo que tendrá que pagar 475.000 reales (unos 208.000 dólares).

El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) señaló que la constructora está autorizada para talar 40,83 hectáreas de vegetación en la orilla derecha del río, para abrir carreteras de acceso y la cantera de obras.

El área deforestada está en la otra orilla del río, en la que la tala estaba limitada a dos hectáreas.

La concesionaria, que recibió la licencia para comenzar las obras en noviembre pasado, también ha sido multada con cerca de 3,35 millones de dólares por dinamitar once toneladas de peces.

La central de Jirau, valorada en 5.300 millones de dólares, generará 3.300 megavatios tras concluir su construcción en 2016.

San Antonio, la otra represa que integrará el complejo del Madeira, tendrá capacidad de producir 3.150 megavatios cuando entre en funcionamiento en 2012 y su costo ascenderá a cerca de 5.000 millones de dólares.

Este complejo ha enfrentado la resistencia de los ambientalistas brasileños, temerosos por el impacto de sendos proyectos en la selva amazónica, y del Gobierno boliviano, que teme la posibilidad de que las represas puedan inundar parte de su territorio.