Al encuentro, que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, han asistido el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de Baleares, Antoni Alorda, y el coordinador del secretariado técnico de la Alianza Mar Blava, Carlos Bravo.
Desde la Alianza se ha insistido a los representantes de Cs en que la prerrogativa que tiene el Gobierno central de vetar una proposición de ley tiene que basarse en argumentos ciertos, lo que "no es el caso del veto" del Gobierno Rajoy a esta proposición.
Según dicen, la justificación de este veto se basa "en argumentos que no se sostienen jurídicamente y, además, que un veto sólo está justificado cuando hay una afección real al presupuesto corriente", es decir, a los Presupuestos Generales del Estado que están en vigor, y que "ese tampoco era el caso" con la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo.
Por esto, les han aportado a Cs un informe jurídico sobre "la falsedad" de los argumentos del veto del Gobierno. En este sentido, los representantes de Cs han explicado que lo que habían hecho había sido pedir "inmediatamente" explicaciones al Gobierno sobre los argumentos económicos contenidos en su informe de veto.
De esta manera, en virtud de la respuesta del Gobierno --que tendría que ser enviada, de acuerdo con los plazos, a principios de agosto--, de lo "convincente" que ésta fuera, tendrían que replantearse su veto en la Mesa del Congreso, la cuál no se reunirá hasta mediados de septiembre.
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