La experta de comercio internacional de Greenpeace en la UE, Shira Stanton, considera que "en estas condiciones" aprobar el CETA sería "como comprar una casa sabiendo que los cimientos están mal construidos, está inclinada y llena de grietas".
Así, la ONG destaca que el aumento de la oposición al CETA está aumentando a ambos lados del Atlántico a medida que los ciudadanos van conociendo detalles del texto y cómo afecta este a su salud, su derechos y a la protección del medio ambiente.
"Es hora de que nuestros gobiernos empiecen a construir una política comercial más justa que ponga a la gente y el planeta por delante de la avaricia de las grandes corporaciones", ha reclamado.
Bélgica mantiene sus dudas respecto al CETA y dos de sus parlamentos regionales se oponen al acuerdo comercial a consecuencia de las disposiciones que permiten a las multinacionales demandar a los Estados a través de los tribunales de arbitraje y porque el CETA amenaza los servicios públicos.
El acuerdo comercial, si finalmente es aprobado por los gobiernos de la UE podría entrar en vigor de manera provisional tras su aprobación en el Parlamento Europeo, votación que podría producirse a finales de 2016 o comienzos de 2017.
Sin embargo, se espera que los ministros excluyan el Sistema Judicial de Inversiones, el polémico ICS, de esta aplicación provisional. No obstante, el ICS podría entrar en vigor una vez que los parlamentos nacionales y regionales de la UE decidieran su ratificación.
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