Junta destaca su colaboración con entidades locales para dotar de infraestructuras de residuos a la provincia

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha destacado la colaboración que mantiene desde hace años la administración regional con las entidades locales de la provincia de Huelva para la construcción de las infraestructuras previstas en el Plan Director Territorial de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019.

En una comparecencia a petición del Grupo Popular en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, Fiscal ha destacado que entre estas instalaciones destacan las estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos (RSU) para Huelva y Comarcas del Condado y Costa, Almonte, Isla Cristina y El Campillo; la planta de tratamiento y de gestión de residuos del Andévalo; la de tratamiento y eliminación de residuos de Villarrasa, gestionada actualmente por la Diputación Provincial de Huelva; y los puntos limpios de recogida de residuos de Ayamonte, Cartaya, Aljaraque, Punta Umbría, Huelva (2), Trigueros, Matalascañas (Almonte), Mazagón (Moguer), Bonares y Cumbres Mayores.

En cuanto a las infraestructuras de eliminación de residuos, el consejero ha informado de que la provincia de Huelva cuenta con tres: el vertedero de residuos industriales peligrosos y no peligrosos en Nerva, el vertedero de RSU no peligrosos asociado a la planta de Villarrasa; y el vertedero de inertes en el municipio de Valverde, de titularidad del Ayuntamiento.

A ellas hay que sumar instalaciones como las autorizadas para diferentes operaciones de valorización, tales como las de gestión de vehículos al final de su vida útil, los restos de subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach) (ubicadas en Hinojos y Gibraleón); o las de residuos de la construcción y demolición (Cartaya y Aljaraque). También están las plantas de tratamiento de residuos de plástico y obtención de diferentes materias recicladas.

En esta provincia existen además diferentes itinerarios de gestión preestablecidos para determinados residuos como los de aparatos eléctricos y electrónicos, plásticos agrícolas, envases de agroquímicos y fitosanitarios y neumáticos fuera de uso. Además, en la Delegación Territorial hay un gran número de transportistas inscritos para residuos peligrosos y no peligrosos, negociantes y agentes de residuos.

Durante su intervención, el consejero ha aclarado que la Junta de Andalucía tiene las competencias en la planificación de la prevención y gestión de los residuos de ámbito autonómico, mientras que los ayuntamientos las tienen en el municipal. En este sentido, ha recordado que Andalucía cuenta un Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos (2010- 2019) y un Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos (2012-2020).

El primero de ellos contempla las necesidades de infraestructuras concretas para cada provincia andaluza, destinadas a la gestión de dichos residuos, incluidos todos los de competencia municipal. Estructurado en cuatro programas de actuación, este plan propone un total de 147 medidas de actuación, de las cuales 28 están finalizadas, 125 se encuentran en ejecución y 19 pendientes.

Por su parte, el plan de residuos peligrosos contempla entre sus objetivos el conocimiento y análisis de los diferentes flujos de residuos peligrosos en lo relativo a las cantidades generadas, tipos de basuras, etcétera. Este documento se articula sobre seis programas que marcan los objetivos estratégicos a largo plazo y en el que se recogen 34 medidas concretas, de las cuales seis están ya finalizadas, 14 en ejecución y 14 pendientes.

ACCIÓN DE CONTROL "LENTA E INSUFICIENTE"

Fiscal se ha detenido especialmente, a petición del PP, en la situación de dos instalaciones para el tratamiento de residuos no peligrosos "motivo de controversia", como son un vertedero donde el amianto "campa a sus anchas" en un solar de la capital onubense y la planta de tratamiento de lodos de la localidad de Almonte, que según ha criticado el parlamentario popular Guillermo García de Longoria "recibe de toda la provincia", por lo que su formación se cuestiona si el servicio se da "con todas las garantías".

"Al menos en esos dos casos, la acción de control ha sido lenta e insuficiente", ha expuesto García de Longoria, que también ha incidido en las actuaciones que faltan por realizar en el marco de la gestión de residuos no peligrosos.

A ello, Fiscal ha respondido aludiendo en primer lugar a casos "extremos" como las balsas de fosfoyesos --la Junta se encuentra a la espera de que el Ministerio envíe el plan de recuperación de la marisma para la emisión de la Autorización Ambiental Unificada-- o el vertedero de Nerva, donde la Junta seguirá manteniendo el "celo" controlador.

Posteriormente, ha señalado que, por una parte, respecto al vertedero de amianto se ha realizado un requerimiento a las empresas especializadas a las cuales se entregaron en su día los residuos procedentes de la demolición de naves incendiadas, para comprobar que los restos se corresponden con la totalidad de los detectados en la zona: se está a la espera de esta documentación para sancionar "a quien haya podido obrar de manera incorrecta".

Por otro lado, en la planta de Almonte se está estudiando la posible causa de reversión de la licencia por "quebranto" del contenido de la licencia, hecho anunciado por el Ayuntamiento como administración competente.

"En el marco del plan director de residuos --ha recapitulado finalmente el titular autonómico de Medio Ambiente--, es un asunto prolijo: quedan en Andalucía algunas instalaciones por construir y concluir, estamos trabajando continuamente en esta materia y se dotará a la comunidad de una red de instalaciones de este tipo absolutamente apropiada".