Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, el texto ya había sido remitido previamente a los 78 ayuntamientos y a 31 organismos y entidades. En noviembre había sido presentado en la Federación Asturiana de Concejos (FACC).
En la reunión, el director general de Calidad Ambiental, Manuel Gutiérrez, se ha referido a la necesidad de adaptar la normativa autonómica a la ley de evaluación ambiental de 2013 para fijar reglas sobre el aire, el agua, los residuos, el ruido o el cambio climático, y, por otro lado, mejorar la coordinación y acortar los plazos de tramitación.
El texto regula procedimientos como la evaluación ambiental estratégica de planes y programas, la evaluación de impacto ambiental de proyectos y la autorización ambiental integrada de instalaciones, todos ellos básicamente coincidentes con la normativa estatal, pero con plazos de tramitación más cortos.
Como nuevas figuras, se crean la licencia y la comunicación ambiental de actividades, de carácter municipal, en sustitución del tradicional régimen de actividades clasificadas, regido por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp). Entre las novedades se incluye la autorización ambiental autonómica, que aglutina las cuatro exigidas hasta ahora por ley.
En relación con la calidad del aire, el proyecto permite al Gobierno establecer límites de emisión más estrictos que los fijados en la normativa estatal. También permite adoptar las medidas adecuadas para evitar o mitigar la contaminación, cuando se incumplan los objetivos de calidad o exista riesgo de que esto ocurra.
En el capítulo de residuos la ley establece, por ejemplo, que la recogida separada de biorresiduos deberá estar implantada en 2018 para los grandes productores o el sector comercial no gestionado por los ayuntamientos. El Plan de Residuos del Principado fijará el nivel de recogida separada de materia orgánica exigible a cada municipio para lograr que Asturias cumpla con la obligación legal de incrementar la recogida separada hasta el 56% en 2020.
ALTERNATIVAS A LA INCINERADORA
El pleno del Observatorio de la Sostenibilidad también ha abordado la revisión del Plan Estratégico de Residuos. Esa revisión incluye el análisis de alternativas al que la Administración autonómica se había comprometido para buscar una solución distinta a la incineración.
El estudio selecciona las cinco alternativas mejor puntuadas, de un total de catorce analizadas, que utilizan tratamientos mecánico-biológico, biológico-mecánico y de higienización. Además de los rechazos que irían al vertedero, todas ellas recuperan materiales en distintos porcentajes para generar un producto bioestabilizado similar al compost, con fines de restauración ambiental, y a un combustible sólido que, en forma de fardos, puede ser utilizado por la industria química y cementera.
Tras las preceptivas fases de consultas e información pública, y una vez seleccionada la alternativa, se elaborará la propuesta que deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios