La Junta subraya el impulso a las obras en materia de depuración y vuelve a reclamar al Estado la inversión pendiente

Andalucía, según ha recordado Fiscal en una comparecencia en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento autonómico, tiene transferidas para su gestión las competencias de las tres demarcaciones hidrográficas intracomunitarias (Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas). En estas demarcaciones, con una superficie cercana a los 36.000 kilómetros cuadrados, se integran 12 sistemas de explotación que abastecen a unas 125.000 hectáreas de regadío con un alto índice de productividad y a unos cuatro millones de habitantes. Para garantizar estos recursos y su protección, la Consejería destina un presupuesto aproximado de 276 millones de euros anuales.

Estas cuencas hidrográficas cuentan asimismo con unos planes hidrológicos con los que se pretenden mejorar los recursos hídricos disponibles, racionalizar su consumo y ajustarlos a las futuras demandas. Según Fiscal, con esta planificación se quiere dar respuesta al cumplimiento de los objetivos medioambientales, especialmente en materia de depuración, tal y como establece la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea y la Ley de Aguas de Andalucía. La nueva planificación prevé una inversión de 1.437 millones de euros.

Además de estos instrumentos de planificación hidrológica, dichas demarcaciones cuentan con planes de gestión del riesgo de inundación, que se desarrollarán entre 2016 y 2021 con el fin de evaluar, prevenir y reducir los daños en esta materia. Sus medidas se aplicarán prioritariamente en las 259 áreas de riesgo potencial identificadas en los trabajos previos.

En el transcurso de su intervención, el consejero ha destacado como uno de los grandes problemas de estas cuencas intracomunitarias el déficit hídrico estructural que sufren, lo que convierte la optimización de los recursos existentes en una de las prioridades de la política de aguas de la Junta. Por ello es necesario, según Fiscal, incentivar recursos alternativos como la desalación, la desalobración, la reutilización y la regeneración de las aguas depuradas o, en algunos casos, las transferencias o trasvases entre cuencas.

El objetivo prioritario de la Consejería en estos momentos es el de la conservación y mejora de la calidad de las masas de agua. En este sentido, el consejero ha recordado que el Gobierno andaluz ha invertido en instalaciones de saneamiento y depuración más de 1.300 millones de euros que han permitido que el 88 por ciento de la población disponga de un infraestructura para el tratamiento de sus aguas residuales. No obstante, "hay que continuar trabajando para poner en marcha nuevas actuaciones para cumplir con lo establecido en la Directiva Comunitaria", un "esfuerzo" que se traduce en la actualidad en más de 40 obras con un presupuesto comprometido de 200 millones de euros, pese a que la Junta reconoce la necesidad de una mayor agilización en estos trabajos.

Todo esta labor se refleja en el acuerdo de Consejo de Gobierno de 2010 en el que se declararon de Interés de la Comunidad obras de depuración en aglomeraciones urbanas. Para financiar estas actuaciones, la Ley de Aguas creó el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas, una tasa de carácter finalista y solidaria que se invierte en proyectos de depuración, en cumplimiento de la normativa europea: desde su entrada en vigor, los ingresos recaudados hasta diciembre de 2015 han sido de 324 millones de euros.

Respecto al acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de diciembre de 2015, Fiscal ha explicado que de la inversión comprometida (399 millones de euros) se han invertido 271 millones de euros.

"UN MONUMENTO A LA OPACIDAD"

Por parte de los grupos, la parlamentaria del Grupo Popular Patricia Navarro ha asegurado que el balance de la Junta sobre obras hidráulicas de depuración y saneamiento, publicado el pasado diciembre, es "un monumento a la opacidad", un "rosario de justificaciones sobre los retrasos en la ejecución de las obras comprometidas en octubre de 2010, sobre la falta de transparencia y sobre el desfase entre lo presupuestado y lo ejecutado".

Navarro ha señalado que, a la luz del informe oficial, hay 168 actuaciones de las 300 comprometidas por la Junta en 2010 de las que aún nada se sabe, y se ha preguntado si el gobierno socialista "ha tirado la toalla" en esos proyectos o si los municipios en los que se situaban no tienen derecho a sus depuradoras. También ha puesto el foco en un "desfase" de 180 millones entre lo recaudado por el canon y lo realmente ejecutado, a lo que Fiscal ha opuesto que son cantidades prolongadas a lo largo de varios ejercicios.

La diputada de Podemos Mercedes Barranco ha recordado que para contar con un ciclo integral del agua "eficiente y eficaz" hay que abordar todas las fases de manera idónea. Asimismo, ha criticado que en Andalucía no exista una administración del agua como tal, a pesar de que en la región se gestiona el equivalente a tres cuencas, y se ha mostrado en contra de basar la actuación exclusivamente en una política de infraestructuras.

La diputada de Ciudadanos Marta Escrivá, de su lado, pide aclaración sobre el plazo en el que la comunidad estima que se depurará correctamente el 100 por ciento de las aguas, al menos, que están bajo competencia autonómica, así como de las cantidades a pagar en concepto de multa por no depurar a tiempo y el periodo de vigencia del canon de mejora.

Por otra parte, el parlamentario de IULV-CA José Antonio Castro ha lamentado que la planificación hidrológica esté "excesivamente determinadas por los consumos y demandas, y por cómo se incorpora, de manera muy lenta e insuficiente, la necesaria gestión de la oferta", incidiendo en la necesidad de terminar las infraestructuras pendientes y poniendo el foco en alternativas como la biodepuración, a la que la Junta da su visto bueno.

Por último, el diputado del PSOE Julio Millán se ha congratulado de medidas de la administración andaluza como la aprobación de los planes de gestión del riesgo de inundaciones o el trabajo "preventivo" para adelantarse a la incidencia de la sequía, "sin olvidar el proceso participativo".