En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el titular de Presidencia, Vicente Guillén, ha informado que la Dirección General de Servicios Jurídicos ha quedado habilitada para solicitar autorización al propio Ejecutivo regional para el ejercicio de las acciones pertinentes en relación con la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de 27 de octubre de 2010, que autorizó la transferencia de aguas desde el canal Segarra-Garrigues, así como cualesquiera concesiones o autorizaciones que se refieran a proyectos de obras que pretendan fundarse en la misma.
Joaquín Olona ha recordado que los artículos 19.3 y 72.3 del Estatuto de Autonomía obligan al Gobierno regional a velar y vigilar para que no se hagan trasvases de agua desde las cuencas de las que forma parte la Comunidad Autónoma, recalcando que "son cuestiones no subjetivas" y que el Ejecutivo está obligado a "defender nuestros derechos en relación con el agua", como el principio de unidad de cuenca.
Se ha mostrado "preocupado" por la "falta de sensibilidad" que manifiestan el Ejecutivo central y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), lo que ha atribuido a una "deslealtad institucional" por las formas en que están llevando este asunto y porque el Gobierno aragonés no tiene más información que la publicada.
El consejero ha conversado este lunes con García Tejerina en Madrid, durante la presentación de su propuesta de reforma de la PAC, pero no sobre el trasvase por considerar que "no era el momento para tratar una cuestión de semejante trascendencia". Olona espera recibir pronto respuesta de García Tejerina a la carta que le envió el viernes de la semana pasada sobre este asunto.
Asimismo, Joaquín Olona ha dialogado por teléfono con el consejero catalán de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, quien le ha manifestado que este trasvase es "irrenunciable", a lo que él ha respondido que esto es "inadmisible". Rull lo expresa también en una carta que ha enviado al consejero aragonés, quien ha considerado que de este modo "difícilmente podemos avanzar".
AUTORIZACIÓN
Por otra parte, el Consejo de Gobierno autorizó en fecha 14 de marzo de 2017, al igual que ya lo hiciera anteriormente respecto a decisiones previas similares, interponer recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 1/2017, de 3 de enero, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por el que se aprueba el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña para el período 2016-2021 y el Acuerdo de 3 de enero, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por el que se aprueba el Programa de medidas del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña para el período 2016-2021.
Ambas decisiones del Gobierno de la Generalitat de Cataluña vienen a reproducir los aprobados con anterioridad en 2014 que ya fueron objeto de impugnación por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón en vía jurisdiccional, estando pendiente de sentencia.
El Gobierno de Aragón ha expresado que "decisiones recientemente adoptadas al respecto en el Consejo Nacional del Agua, con el voto en contra de la Comunidad Autónoma de Aragón, al formular voto particular anticipan el anuncio de una inminente aprobación mediante Real Decreto adoptado por el Consejo de Ministros".
Ello "pudiera dar lugar a que se entiendan erróneamente autorizadas obras que permitan una transferencia de aguas desde el canal Segarra-Garrigues hasta cuatro municipios de cuencas internas catalanas bajo el inexistente amparo de la Orden de 27 de octubre de 2010, del Ministerio de Medio Ambiente, por tratarse de una Orden afectada de caducidad y posible nulidad de pleno derecho".
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