En una declaración institucional, la Diputación ha emplazado al Ejecutivo regional a exigir y garantizar ante las instituciones competentes "el respeto y el cumplimiento" del Estatuto de Autonomía de Aragón, que recoge una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos. El Estatuto "choca claramente con las intenciones trasvasistas catalanas", han señalado.
En su escrito, la DPT expresa que los artículos 19.1, 19.2 y 19.3 del Estatuto, así como la Ley de Aguas y Ríos de Aragón en sus artículos 72.1, 72.2 y 72.3 hacen una referencia "manifiesta" a los derechos de la Comunidad autónoma en relación con cualquier iniciativa trasvasista.
La Generalitat, han indicado "no pretende otra cosa que llevar a cabo un trasvase del río Ebro que vulnera claramente los artículos del Estatuto anteriormente citados y, aunque de una forma velada, pasar por encima del mayor consenso de nuestra Comunidad autónoma de los últimos años".
Asimismo, la institución provincial ha pedido al Gobierno de Javier Lambán que fije "claramente" su posición contra cualquier tipo de trasvase y que busque el acuerdo de todas las fuerzas políticas en el mismo sentido.
La Diputación de Teruel ha solicitado al Ejecutivo central que se pronuncie con claridad contra el denominado Gran Pacto del Segarra-Garrigues "y cualquier otro trasvase que afecte a los intereses de Aragón". La institución trasladará este acuerdo a Lambán y al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy.
Han firmado esta declaración los portavoces de todos los grupos provinciales, del PP, Carlos Boné; del PSOE, José Ramón Morro; del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo; del de Ganar, Pedro Bello, y de CHA, Javier Carbó.
ANTECEDENTES
El pasado mes de enero la Generalidad de Cataluña aprobó mediante un Decreto el plan de gestión del distrito de la cuenca fluvial de Cataluña para el periodo 2016-2021. Asimismo el propio Gobierno de la Generalitat aprobó mediante acuerdo el programa de medidas del plan de gestión de la cuenca fluvial de Cataluña para el periodo 2016-2021.
Posteriormente, el pasado 14 de marzo el Consejo Nacional del Agua dio el visto bueno del plan de gestión de la cuenca fluvial de Cataluña con el voto negativo del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona.
El Gobierno regional ha procedido en las últimas fechas a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la aprobación, por parte de la Generalitat, del Plan de Gestión del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña para el periodo 2016-2011 y el acuerdo sobre el Programa de Medidas de este plan, fundado en el hecho de que en él se adoptan medidas de planificación hidrológica como la provisión de caudales ambientales referidos a masas de agua incluidos en otras demarcaciones hidrográficas ajenas a las cuencas de Cataluña.
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