La alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, y el director general de Aguas de Barcelona, Ignacio Escudero, han firmado este martes el protocolo para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética, según ha informado el consistorio en un comunicado.
El protocolo, que tiene una vigencia de cuatro años, indica que antes de cortar el suministro, Aguas de Barcelona deberá solicitar un informe a los Servicios Sociales del Ayuntamiento para determinar si la persona titular o su unidad familiar están en riesgo de exclusión residencial.
En caso de detectar una situación de pobreza, se garantizará el suministro de agua así como las ayudas necesarias.
El protocolo se suma al Fondo de Solidaridad que Aguas de Barcelona puso en marcha en 2012 y que bonifica el servicio a 18.300 familias, 320 de las cuales son de Gavà.
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