La Junta señala que más del 90% de agricultores piden que se acelere la ejecución del Plan de Regadíos de Doñana

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado que más del 90 por ciento de los agricultores de la zona "no tiene ningún problema y pide la aceleración" del plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana.

En el marco de los Diálogos de 'El Correo de Andalucía', celebrados este jueves en Sevilla y donde Fiscal ha impartido una conferencia titulada 'La gestión eficiente del agua: paradigma de la economía circular', éste ha incidido en el "esfuerzo" realizado por la administración para redactar un plan con un ámbito "largo" de aplicación --15 años-- y con el que se pretende garantizar el buen estado del acuífero de Doñana y dar "seguridad jurídica" a los agricultores, "que no la tenían".

Con "muchísimo trabajo", Fiscal se ha congratulado de que todas las partes se haya concienciado de la importancia de la aplicación del plan, en el que se dan pasos "continuos". Así, ya se han cerrado 400 pozos en un procedimiento en el que "las partes ecologista y agrícola coinciden" y en el que la coordinación "ha mejorado mucho". Para que todo esto "cuadre", ha precisado no obstante el consejero, es "imprescindible" que los hectómetros cúbicos de trasvase comprometidos lleguen "al completo".

En cuestión de depuración, Fiscal ha subrayado el papel estratégico de la reutilización de aguas regeneradas en la transición hacia la economía circular de Andalucía, asegurando que no hay mayor reflejo de lo que supone este nuevo concepto económico que el propio ciclo integral del agua, que sólo finaliza con la devolución del agua al medio en condiciones óptimas, garantizando el equilibrio de los ecosistemas.

La economía circular es un concepto económico reciente que defiende el aprovechamiento de los residuos incluyéndolos en la cadena de producción. La Comisión Europea presentó en 2015 un Plan de Acción sobre la materia y, en estos momentos, prepara una legislación específica en relación a los estándares de calidad para el uso de agua regenerada.

En relación a esta cuestión, el titular autonómico de Medio Ambiente ha afirmado que España cuenta con un marco normativo sobre reutilización de aguas depuradas desde el año 2007, por lo que cuenta con cierta ventaja respecto a otros países de la UE en este ámbito. "En los países mediterráneos, que son los que hemos sufrido históricamente la falta de agua, siempre ha existido un amplio consenso sobre los beneficios de las fuentes no convencionales de recursos hídricos", ha recordado, y ha incidido en que permite a los gestores, bien sean administraciones públicas o empresas, impulsar actuaciones con menores impactos ambientales y sociales, y costes económicos.

Aunque ni España ni Andalucía han llegado a los parámetros marcados por la directiva europea, "el conjunto del país tiene un índice inferior al nuestro; Andalucía en este campo va mejor, y mejor que va a ir", sostiene Fiscal, que prioriza estas actuaciones de construcción de infraestructuras de depuración, en tanto su incidencia positiva en el medio ambiente y la economía de la región, y asegura que "estamos en la senda correcta".

SE PIDEN AL ESTADO INVERSIONES POR 300 MILLONES

La nueva planificación hidrográfica andaluza, con un horizonte temporal hasta 2021 y una inversión prevista de más de 1.400 millones de euros, permitirá continuar con los proyectos para mejorar los recursos hídricos disponibles, racionalizar su consumo y ajustarlos a las futuras demandas. Asimismo, se dará prioridad al cumplimiento de los objetivos medioambientales, especialmente en materia de depuración, tal y como establece la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea y la Ley de Aguas de Andalucía.

En relación a esto último, el consejero ha recordado que la Consejería que dirige cuenta en la actualidad con más de 40 actuaciones de inversión en marcha, con un presupuesto de casi 200 millones de euros. Entre ellos, ha destacado las obras autorizadas por el Consejo de Gobierno en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, por un importe total de 47 millones de euros, destinadas a obras declaradas de interés de la comunidad autónoma y la reciente licitación de la estación de depuración y la agrupación de vertidos de Nerva-Riotinto, con una inversión de 18 millones de euros.

Fiscal ha vuelto a reclamar al Gobierno central la inversión de 300 millones de euros en las obras declaradas de Interés General del Estado en materia de saneamiento y depuración, así como el impulso normativo del dos proyectos de trasvases: el incremento hasta los 20 hectómetros cúbicos de agua desde el Tinto, Odiel y Piedras al Guadalquivir y la transferencia de hasta 5 hectómetros cúbicos desde el Guadalquivir hasta la comarca de Antequera.

NUEVO REGLAMENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha recalcado que el Gobierno andaluz aplica una política de aguas alejada de "visiones economicistas, en la que el recurso es un generador de derechos, de la vertebración territorial y la cohesión social". En este sentido, ha afirmado que la Consejería elabora en estos momentos un nuevo reglamento del ciclo integral del agua de uso urbano, para garantizar a la población el suministro adecuado de agua en condiciones de calidad. "Durante la tramitación de la norma, se abordará también el análisis de situaciones de pobreza hídrica a fin de buscar soluciones", ha manifestado.

En las Demarcaciones Hidrográficas andaluzas de competencia autonómica se reutilizan en la actualidad en torno a 32 hectómetros cúbicos anuales de aguas residuales depuradas: más de la mitad corresponde al ámbito territorial de la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. En cuanto a desalación, la capacidad de producción ha pasado de prácticamente nada en el año 2000 a los 120 hm3 actuales; en estos momentos, se desalan en Andalucía 44 hm3 y se tiene previsto que en el horizonte 2027 se pueda alcanzar 244 hm3 de recursos con ese origen.

El consejero ha incidido en la idea de que el déficit hídrico estructural es uno de los grandes problemas de las cuencas intracomunitarias andaluzas, por lo que una de las prioridades de política de aguas de la Junta es la optimización de los recursos existentes, en una región como Andalucía en la que la agricultura y el turismo son dos de las actividades económicas de mayor relevancia.

Sobre este asunto, Fiscal ha apuntado que es "primordial" que, en los territorios donde no hay recursos convencionales embalsados o subterráneos, se disponga de elementos equilibradores del coste de obtención del recurso, tanto el esencial de abastecimiento a través del agua desalada, mezclada con aguas subterráneas, como la reutilización, especialmente para usos agrarios.