Argentina, tras los pasos de Trump, busca crear una Policía antiinmigración

La Patrulla Fronteriza de EEUU se llama 'US Border Patrol'. Es conocida universalmente desde hace tiempo. Pero fuerzas de este tipo que controlan específicamente el flujo de migrantes en las fronteras existen, con menos visibilidad y protagonismo, en Ecuador, Panamá, Costa Rica y otros tantos países. Argentina, en las últimas semanas, ha decidido endurecer sus políticas migratorias, lo que ha abierto una enorme polémica y debate en su sociedad.

Te puede interesar: Trump expresa a Macri su intención de tener entre EEUU y Argentina "la relación más cercana de la historia"

Ahora, el Gobierno de Mauricio Macri ha avanzado aún más en esta línea. La idea es crear un cuerpo especial de fuerzas de seguridad que tenga -como objetivo-, regular el tránsito de personas. De este modo, el objetivo de endurecer aún más los controles fronterizos parece irrevocable.

Te puede interesar: Macri prepara un decreto con medidas fronterizas que endurecerán la política migratoria argentina

Hasta ahora, a nivel nacional, en el país sudamericano actúan cuatro fuerzas: Gendarmería, Prefectura Naval, Polícía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Lo que Macri pretende es que se agregue una quinta Policía, que tendría la tarea específica y puntual en el ámbito de las migraciones.

En Argentina, de conformidad con la ley de Migraciones 25.871, las cuatro fuerzas federales existentes siempre han actuado como 'Policía Auxiliar de Migraciones'. Es decir, han aplicado sus recursos en materia migratoria de manera complementaria. Nunca hasta ahora se han destinado parte de los Presupuestos públicos para una división específica con características similares a la denominada 'US Border Patrol' norteamericana.

A pesar de las intenciones del Gobierno, el tema no es nada sencillo de ejecutar. Para la creación de una fuerza especial se requiere de una Ley específica sancionada por el Parlamento argentino, que debe contar con el aval mayoritario del resto de fuerzas políticas.

Teniendo en cuenta lo ocurrido tras la sanción del decreto del pasado lunes, por el cual Macri ha dispuesto endurecer las políticas migratorias, (lo que cosechó un sinfín de críticas de los sectores de la oposición) se prevé un debate arduo y nada sencillo.

Entre las novedades implementadas por el Gobierno argentino, destaca la habilitación de un trámite 'exprés' para expulsar del país a inmigrantes que hayan cometido delitos. Esa medida, según la Casa Rosada (de Gobierno) de Buenos Aires cuenta con el apoyo mayoritario de la población. De hecho, colaboradores muy cercanos a Macri han puesto énfasis en una encuesta de la consultora Poliarquia, que concluye que el 88% de los argentinos están de acuerdo en que se aplique -de manera administrativa- la 'expulsión' rápida de los extranjeros que hayan cometido delitos en suelo argentino.

El principal argumento del Gobierno para endurecer las políticas migratorias en Argentina es el narcotráfico, que se ha disparado en el país y le ha convertido en un destino no solo de tránsito de estupefacientes, sino en fabricante y exportador.

En este sentido han ganado espacio las bandas de extranjeros, principalmente radicadas en los grandes poblados chabolistas de Buenos Aires, en la periferia (el 'temido' conurbano bonaerense) y en grandes ciudades del interior como Rosario.

Sin embargo, según el último informe de la Subsecretaría de Estadística Criminal, solo el 4,8% de los 72.693 detenidos en cárceles de toda la Argentina -federales y provinciales- son extranjeros. La nueva Policía migratoria sería el brazo ejecutor de los controles en fronteras y aeropuertos. Censados, en el país viven de manera legal más de cuatro millones de foráneos. Paraguayos, bolivianos y peruanos son las tres nacionalidades que más abundan en el país austral.

La inseguridad es uno de los dramas más recurrentes en esa nación, y de ello se aferra Macri para lanzar medidas controvertidas. No solo las enunciadas, sino que también -por ejemplo- Argentina también busca aprobar la edad penal más dura de Sudamérica, de 16 a 14 años. En la mayoría de sus países vecinos, la edad penal es de 18 años.

Eso sí, la iniciativa contempla distintas escalas, según el delito cometido: la pena de prisión para las personas de entre 14 y 16 años sería sólo para los casos más graves, como homicidio, violación y delitos con armas.

En un año electoral, Macri (quien al comienzo de su gestión prometió una batalla sin cuartel contra el delito y el narcotráfico) avanza, a su modo, con una batería de medidas que se vislumbran tan resonantes como polémicas. La inmigración asoma como uno de los aspectos más importantes en su hoja de ruta.