El mismo día en el que el presidente ruso Vladimir Putin anuncia que Rusia no apoyará el Tribunal Penal Internacional (ICC, por sus siglas en inglés)-, se ha conocido que la Corte investigará presuntos crímenes de guerra cometidos por EEUU en Afganistán.
La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional ha emitido un informe preliminar (VEA EL DOCUMENTO) en el que solicita la apertura de una causa judicial por crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses y agentes de la CIA en Afganistán.
Los investigadores del tribunal de La Haya han encontrado suficientes indicios que justifican una causa penal por crímenes cometidos en el contexto del conflicto en Afganistán, que habrían sido llevados a cabo en territorio de miembros del Estatuto de Roma, como Polonia, Rumanía y Lituania.Operación de venganza
El contexto de los hechos arranca después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, tanto en Washington DC como en la ciudad de Nueva York, cuando una coalición dirigida por Estados Unidos lanzó ataques aéreos y operaciones terrestres en Afganistán contra los talibanes, sospechosos de dar acogida a Osama Bin Laden.
Los talibanes fueron expulsados del poder a finales de ese año y en diciembre de 2001, bajo los auspicios de la ONU, se estableció una autoridad interina en Afganistán.
En mayo-junio de 2002, un nuevo gobierno afgano de transición recuperó la soberanía, pero las hostilidades continuaron en ciertas áreas, principalmente en el sur.
Posteriormente, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció una Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), que más tarde quedó bajo el mando de la OTAN.
Los talibanes y otros grupos armados han reconstruido su influencia desde 2003, particularmente en el sur y el este de Afganistán. Al menos desde mayo de 2005, el conflicto armado se ha intensificado en las provincias del sur y del este de Afganistán entre los grupos armados organizados, sobre todo los talibanes, y las fuerzas militares afganas e internacionales.
El conflicto se ha extendido aún más al norte y al oeste de Afganistán, incluyendo las áreas circundantes a Kabul. El conflicto armado ha enfrentado a las fuerzas del Gobierno de Afganistán y a grupos armados que incluyen principalmente a los talibanes, la Red Haqqani y el Hezb-e-Islami Gulbuddin (HIG).
Las fuerzas internacionales desplegadas en apoyo del Gobierno del Afganistán pusieron fin a sus misiones de combate en diciembre de 2014, aunque en número reducido esas fuerzas permanecen, principalmente en un papel de entrenamiento, asesoramiento y asistencia.
Como resultado de su investigación preliminar, la Oficina del Fiscal de la Corte ha determinado que existe una base razonable para creer que, como mínimo, se han cometido los siguientes crímenes que entran dentro de su jurisdicción:Crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos por los talibanes y su red afiliada Haqqani;Crímenes de guerra por tortura y malos tratos imputables a parte de las fuerzas gubernamentales afganas, en particular a la Agencia de Inteligencia (Dirección Nacional de Seguridad) y a la Policía Nacional Afgana;Crímenes de guerra por tortura y malos tratos cometidos por fuerzas militares estadounidenses desplegadas en Afganistán y en centros de detención secretos operados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), principalmente en el período 2003-2004, aunque en algunos casos habrían llegado hasta 2014.
Los presuntos crímenes se han cometido en las 34 provincias de Afganistán, siendo las de Kandahar y Helmand escenario del mayor número de incidentes documentados.
Además, se alega que un número limitado de presuntos delitos relacionados con el conflicto armado afgano se cometieron en los territorios de Polonia, Lituania y Rumanía, que son firmantes del Estatuto de Roma.
Esto obedece a que los individuos capturados en el contexto del conflicto armado en Afganistán, como presuntos miembros de los talibanes o Al Qaeda, fueron trasladados a centros de detención de la CIA (black sites) situados en esos países.
La información recogida por el ICC señala que durante el interrogatorio de estos detenidos, y asociado a esos interrogatorios, los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y la CIA recurrieron a técnicas consideradas crímenes de guerra, por uso de tortura, crueldad, atentado a la dignidad personal y violación. Según considera la Corte estos actos son punibles con arreglo a los incisos i) y ii) de la letra c) del apartado 2 del artículo 8 y al inciso vi) de la letra e) del apartado 2 del artículo 8 del Estatuto de Roma.
Específicamente, según la fiscalía de la Corte Penal Internacional:Los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos parecen haber sometido, al menos, a 61 personas detenidas a torturas, tratos crueles y habrían atentado contra su dignidad personal en el territorio de Afganistán entre el Primero de mayo de 2003 y el 31 de diciembre de 2014. La mayoría de los abusos ocurrieron en 2003 -2004.Los miembros de la CIA parecen haber sometido al menos a 27 personas detenidas a tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal y / o violación en el territorio de Afganistán y otros Estados miembros del Estatuto de Roma (Polonia, Rumania y Lituania) entre diciembre 2002 y marzo de 2008. La mayoría de los abusos se han producido en 2003-2004.
Estos presuntos delitos no eran abusos de unos pocos individuos aislados. Más bien, parecen haber sido cometidos como parte de las técnicas de interrogatorio aprobadas en un intento de extraer "inteligencia procesable" a los detenidos.
De acuerdo con la información disponible para el ICC, el recurso a esas técnicas de interrogatorio fue finalmente prohibido por las autoridades interesadas, de ahí el limitado período de tiempo durante el cual los crímenes supuestamente ocurrieron.El Pentágono esconde a los culpables
La Oficina del Fiscal considera que existe una base razonable para creer que estos supuestos crímenes fueron cometidos en cumplimiento de una política o políticas (gubernamentales) encaminadas a obtener información mediante el uso de técnicas de interrogatorio que implicaban métodos crueles o violentos que sirvieran a los objetivos estadounidenses en el conflicto en Afganistán.
Para cerrar su polémico informe, la fiscalía del ICC señala que en su respuesta más reciente al Comité contra la Tortura (noviembre de 2015), los Estados Unidos indicaron que "más de 70 investigaciones relativas a denuncias de abusos a detenidos por parte de personal militar en Afganistán fueron llevadas a cabo por el Departamento -de Defensa- ".
El problema, denuncia el ICC, es que está limitada la información pública específica de EEUU sobre los incidentes y personas objeto de esos procedimientos judiciales.
Con la información disponible, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no pudo identificar a ningún individuo de las fuerzas armadas de EEUU procesado por los tribunales militares por malos tratos a los detenidos.
Además, la gran mayoría de las investigaciones y enjuiciamientos relacionados por EEUU en relación a los malos tratos a los detenidos fueron por conductas en Iraq, y solamente un pequeño número de esos procedimientos marciales (7) fueron por malos tratos en Afganistán, limitados a sucesos de 2002.
En sus declaraciones públicas acerca de esos procedimientos, el Fiscal General de los Estados Unidos enfatizó que "el Departamento de Justicia no juzgará a nadie que haya actuado de buena fe y dentro del alcance de la orientación legal dada por la Oficina de Asesores Jurídicos en relación con el interrogatorio de los detenidos".
Como resultado ello, la realidad que denuncia el ICC es que el Fiscal General de EEUU solamente llevó a cabo investigaciones penales completas en los casos de dos detenidos que murieron estando bajo custodia de la CIA. Ambas investigaciones concluyeron en agosto de 2012 y no se condenó a nadie.
La gravedad de la impunidad con la que EEUU pretende actuar frente al Tribunal Penal Internacional radica, a modo de ejemplo, en que hay información concreta que indica que al menos 88 personas bajo custodia de los Estados Unidos fueron presuntamente torturadas.
La información disponible en manos del ICC sugiere que las víctimas fueron deliberadamente sometidas a violencia física y psicológica y que los crímenes fueron presuntamente cometidos con particular crueldad y de una manera que degradaba la dignidad humana básica de las víctimas.
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Este miércoles también se ha conocido que Rusia ha decidido dejar la Corte Penal Internacional, al considerar que existe parcialidad en sus investigaciones.
Mediante un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin, la Federación Rusa ha asestado un duro golpe a la Corte Penal Internacional, al recordar que fue uno de los impulsores del Estatuto de Roma, antes de anunciar que abandona la organización.
A juicio de Moscú el tribunal ha pervertido los fines para los que nació y ha malgastado la financiación recibida en estos años:
"Rusia ha defendido continuamente procesar a los responsables de los crímenes internacionales más graves. Nuestro país está en el origen de los tribunales de Nuremberg y Tokio, participó en el desarrollo de los documentos básicos en la lucha contra el genocidio, los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Estas fueron las razones por las que Rusia votó a favor de la adopción del Estatuto de Roma y la firmó el 13 de septiembre de 2000 (...)".
"Por desgracia, la Corte no cumplió con las expectativas de convertirse en un tribunal internacional verdaderamente independiente, con autoridad. La labor de la Corte se caracteriza por modos basados en principios como la falta de eficacia y la parcialidad en diferentes foros, entre ellos la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Vale la pena señalar que durante los 14 años de trabajo de la Corte solamente produjo cuatro sentencias, habiendo gastado más de mil millones de dólares", concluye el comunicado del Ministerio de Exteriores ruso.
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