La Fiscal General venezolana denuncia la “ruptura del orden constitucional”

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, denunció este viernes sorpresivamente una "ruptura del orden constitucional” en su país, tras fallos del máximo tribunal, que asumió las funciones del Parlamento y retiró la inmunidad a los diputados.

"En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución(…), lo que constituye una ruptura del orden constitucional", señaló Ortega, muy cercana al chavismo, durante un acto público.

Ortega es la más alta funcionaria del Estado venezolano en criticar el fallo del TSJ en el que advertía que asumiría las competencias de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, mientras persistiera la situación de "desacato".

Pero Ortega, saliéndose del tono del discurso, consideró: "Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento".

"Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna, propiciemos un ambiente de respeto y de rescate de la pluralidad", agregó.

Hasta ahora, Ortega es considerada pieza clave del entramado del altos funcionarios afines de los que se vale el gobierno para controlar el sistema de justicia del país.

La funcionaria, que trabaja en el Ministerio Público en el año 2002, fue nombrada en el cargo por primera vez en el año 2007, cuando el chavismo tenía control de la Asamblea Nacional, en la que la oposición no tenía presencia por haber boicoteado las elecciones.

Posteriormente, fue ratificada en el cargo en 2014 por un nuevo Parlamento en el que el chavismo pese a ser mayoría no tenía la mayoría absoluta de dos tercios, lo que generó protestas de la oposición que consideraba que el nombramiento constituía "un abuso a la Constitución".

La oposición tachó la decisión de un "golpe de Estado" al tiempo que gobiernos de la región expresaron su "preocupación" y Perú incluso retiró su embajador de forma "definitiva".

Panamá, México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile, al igual que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), también se sumaron a las críticas.