Dos oficiales de prisiones samoanos detenidos por abrir las celdas de los presos y permitirles salir a tomar cerveza

El soborno a los carceleros es tan viejo como las propias prisiones. Sin embargo, la corrupción en la Samoa Americana, territorio bajo jurisdicción estadounidense desde 1899, acaba de alcanzar cotas nunca antes vistas: dos oficiales de prisiones han sido detenidos por abrir las celdas de los presos para permitirles ir a comer, comprar y tomar cervezas a los establecimientos cercanos al centro de reclusión.

Las alarmas en el Penal Territorial de la capital samoana, Pago Pago, saltaron cuando en una inspección rutinaria los oficiales encontraron latas de cerveza en algunas de las celdas. La dirección del centro inició una investigación que se cerró con la detención de dos empleados, Rocky Tua y Fiti Aina, acusados de facilitar la salida de la cárcel a varios reclusos sin supervisión policial alguna a cambio de dinero.

Según explica el diario on line local 'Talanei', en las jornadas previas a la detención de los oficiales de prisiones una patrulla de policía observó como un preso peligroso, Tagaleo'o Tagaleo'o, que cumplía una condena de 40 meses por asaltar a un hombre con un machete, compraba libremente cerveza y comida en una tienda cercana al penal.

Tras ser detenido, el delincuente aseguró que Rocky Tua y Fiti Aina le habían dado permiso para abandonar temporalmente el centro de detención "para ir a hacer la compra". Además, Tagaleo'o Tagaleo'o les explicó que su carcelero le había entregado una copia de las llaves de la prisión para que pudiera entrar y salir a placer.

Hasta cinco años de cárcel

A partir de ese momento, los investigadores destaparon una trama de corrupción que implicaba a los dos guardianes y a varios reclusos, a los que además de permisos carcelarios ilegales les proporcionaban artículos como televisiones planas o teléfonos móviles de última generación a cambio de dinero.

Rocky Tua y Fiti Aina se encuentran en prisión preventiva, bajo fianza de 15.000 dólares, a la espera de que el próximo 11 de octubre se celebre la primera vista de un juicio en el que se enfrentarán a una pena de cinco años de cárcel por corrupción y conspiración para facilitar la huída de reclusos.

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