Dos grupos hispanos se disponen apresentar sendas querellas contra una ley promulgada en Arizona quecriminaliza a los inmigrantes indocumentados en ese estado, mientrasel Gobierno federal revisa la legislación por si supone unaviolación a los derechos civiles.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, puso el domingo su firma en lalegislación que refleja la impaciencia de su Estado y otros por lafalta de una política inmigratoria clara y firme del Gobiernofederal que ha causado la presencia en el país de más de 12 millonesde extranjeros indocumentados.
El presidente estadounidense, Barack Obama, que calificó como "mal encaminada" la ley de Arizona antes que Brewer lapromulgara, ordenó al Departamento de Justicia que estudie la normapara determinar si viola las leyes federales de derechos civiles.
La nueva disposición legal autoriza a las policías del estado adetener, interrogar y exigir documentos a las personas de que losagentes tengan razones para sospechar que son inmigrantesindocumentados.
El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación(Maldef, por su sigla en inglés) indicó en un comunicado que lalegislación "lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianzaen las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, conrepercusiones para todo el país". Maldef anunció que iniciará una querella contra ella.
Por su parte William Sánchez, presidente de la Coalición Nacionaldel Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la DefensaLegal, señaló que también su grupo prepara una demanda en el ámbitofederal para impedir que se aplique la nueva ley en Arizona."Millones de latinos en todo el país están conmocionados",sostuvo Sánchez, cuyo grupo representa a unas 30.000 iglesiasevangélicas en todo Estados Unidos, incluidos 300 pastores hispanosen Arizona.
Problemas junto a la frontera
La aprobación de la normativa la semana pasada en la legislaturade Arizona respondió al clamor de ciudadanos, especialmente cerca dela frontera de México, después que un ranchero fuera asesinadosupuestamente por inmigrantes indocumentados o contrabandistas, enuna región por donde cada año cruzan millones de extranjeros queingresan ilegalmente a Estados Unidos.
"No podemos sacrificar nuestra seguridad a la avaricia asesina delos contrabandistas de drogas", dijo Brewer después haber promulgadola ley. "Los ciudadanos en todo el país miran cómo Arizona aplicaesta ley y hay quienes están listos a saltar ante la menorequivocación".
Política contra los latinos
Los adversarios de la norma opinan que, en un estado donde haymás de 1,8 millones de hispanos (el 29 por ciento de la población deArizona), entre ellos unos 420.000 inmigrantes indocumentados, esmuy difícil que pueda aplicarse sin que la policía se enfoque en loslatinos. Una estipulación del nuevo texto legal prohíbe que la policía use"solamente" la "raza", es decir los rasgos físicos, la apariencia,para sospechar acerca de la situación legal de una persona, pero laley no prohíbe que ese sea uno de los factores.
En protesta por la promulgación de la legislación, la AsociaciónEstadounidense de Abogados de Inmigración canceló su convenciónnacional programada para el otoño (boreal) en Arizona, al tiempo queocurrían en Phoenix algunas manifestaciones callejeras.
Jesús Serrano, que trabaja para una compañía de camiones de cargacon sede en Los Ángeles, dijo que él y unos 70 conductores se habíanpuesto de acuerdo para no transitar por Arizona en señal de rechazoa la ley.
Casi el 40 por ciento de las frutas y verduras importadas deMéxico a Estados Unidos pasa por la ciudad fronteriza de Nogales, enArizona, y Serrano advirtió de que la protesta de los camionerospodría crear una acumulación de productos en los depósitos de esalocalidad.
"Una y otra vez los tribunales han determinado y han dejado bienclaro que la autoridad para regular y aplicar las leyes deinmigración es de dominio exclusivo del Gobierno federal", afirmóKaren Tumlin, del Centro Nacional de Ley de Inmigración. "Esta leyviola el ámbito federal cuando trata de regular y aplicar la ley deinmigración".
Benjamin Johnson, director del Consejo Estadounidense deInmigración, opinó que la normativa es más vulnerable por el flancode los derechos civiles, ya que puede motivar detenciones yregistros personales ilegales simplemente debido a la apariencia delas personas.
La disposición legal requiere que los extranjeros en Arizonaporten siempre sus documentos de inmigración y la policíaprobablemente va a detener e interrogar más a las personas deaspecto "hispano" que a las demás.
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