Muertes sospechosas en Colombia


Carmenza Gómez Romero lucha por conocer la verdad sobre la muerte de su hijo | Reuters

Carmenza Gómez Romero lucha por conocer la verdad sobre la muerte de su hijo | Reuters

SOACHA (Colombia) – Cuando Carmenza Gómez Romero regresó a su hogar en un suburbio de Bogotá el pasado 23 de agosto, su hijo de 23 años le dijo que el trabajo de lavar coches no iba bien. "Mamá, sólo gané 12.000 pesos (tres euros) para que compremos gas". Esa misma noche, Víctor Fernando Gómez le dijo a su hermano que iba a viajar a la costa para un posible trabajo.

Sólo dos días después aparecieron en internet las fotos del cadáver de Víctor. Carmenza y su familia viajaron 500 millas hasta el pueblo de Ocaña, en el norte, para recoger el cuerpo de Víctor en la morgue.

En ese momento, Carmenza no tenía idea de que la muerte de su hijo le ayudaría a destapar uno de los mayores escándalos en la historia militar de Colombia. A pesar de la atención generada, la justicia sigue siendo difícil de alcanzar. Ahora, la mujer lucha por mantener viva la historia de Víctor con la esperanza de que los culpables de su asesinato paguen por lo sucedido. El intento de otro de sus hijos de averiguar lo sucedido también le costaría la vida. Supuestos guerrilleros

Víctor fue uno de los 11 jóvenes que desaparecieron el año pasado de Soacha, un suburbio humilde en el sur de Bogotá, y que posteriormente fueron hallados muertos en Ocaña. El Ejército alegó que murieron en combate.

Sin embargo, a finales del año pasado se comenzó a saber que los jóvenes había sido asesinados por los militares y que los habían hecho pasar por miembros de la guerrilla o de bandas criminales para aumentar el número de insurgentes caídos en combate.

Esta macabra práctica –que en Colombia se conoce con el nombre de falso positivo, ha sido condenada desde siempre por los grupos de derechos humanos y negada por el Gobierno. A finales de octubre pasado, no obstante, el escándalo provocó la renuncia del principal general del Ejército colombiano y el cese de 27 oficiales y soldados, una situación considerada como la mayor purga –en un único día- en la historia de Colombia.

Carmenza, junto a otras madres de Soacha, todavía esperan una respuesta. En un debate en el Senado colombiano hace tres semanas, los representantes de la oposición repudiaron la falta de detenciones en conexión con los casos de Soacha (los primeros dos se habían hecho públicos la semana anterior y, desde entonces, le han seguido varios más) y la naturaleza de los falsos positivos. La Fiscalía General de Colombia investiga ahora más de 1.000 casos sospechosos en todo el país. Es el número de personas que murieron a manos de las fuerzas armadas y la Policía.

Carmenza considera que el destino de su hijo tuvo un giro particularmente perverso: Víctor y otros dos hermanos suyos cumplieron con los dos años del servicio militar, un verdadero orgullo para su madre. Sin embargo, Carmenza ahora afirma que "lamenta que hayan pasado el tiempo haciendo la mili, si tenemos en cuenta que fue el ejército el que asesinó a mi hijo".

No hubo dinero para que Víctor hiciera la carrera militar y después de abandonar el ejército pasó los últimos años de su vida haciendo trabajos esporádicos.

A pesar de que el alquiler es bajo en Soacha, es difícil pagarlo con el salario mínimo que cobra Carmenza por limpiar oficinas. Pero esta mujer, de 53 años, está acostumbrada a luchar. La violencia obligó a su familia a abandonar la ciudad de Villavicencio, en la zona sur del país, cuando tenía 14 años. En aquel entonces trabajaba en restaurantes. A los 16 ya era madre y cuando se trasladó a Bogotá, con 28 años, ya tenía cinco hijos. Vendrían otros tres más. "He luchado toda mi vida por mis hijos", afirma.

Sin embargo, para Carmenza, la muerte de Víctor sería el inicio de otra tragedia. Otro hijo, John Nilson Gómez, entonces con 28 años, estaba frustrado con la lentitud de la justicia tras la muerte de su hermano. Decidió averiguar por sí mismo qué había pasado. Amenazas y asesinato

Hasta entonces la única información que tenía Carmenza sobre esa tarde del 4 de febrero era que dos hombres en una motocicleta roja le había disparado a John con una pistola con silenciador. Más tarde, Carmenza se enteraría, a través de un amigo de John, que la investigación le había valido amenazas telefónicas. En menos de seis meses, Carmenza enterraba el cuerpo de otro de sus hijos. La mujer ahora ayuda a mantener los cuatro hijos (de John), con edades entre cinco meses y 10 años.

El dolor no disminuye ni tampoco se acaban las amenazas telefónicas contra Carmenza y su hija. "Les dije, por favor, basta, no quiero más muertes en mi familia", explica. Pero independientemente de eso, Carmenza afirma: "No tengo miedo de decirle al mundo que han pasado cosas. Usted no tenga miedo, hay que denunciarlos".

Esto es exactamente lo que hizo Carmenza hace dos semanas en una audiencia ante el senado, en la que también participaron el máximo comandante del ejército y el viceministro de Defensa. La audiencia era un nido de murmullos, pero cuando Carmenza tomó la palabra la sala todo se convirtió en un gran silencio. "Quiero que paguen los cabecillas de esta operación porque mi hijo valía mucho", sentenció.*Nadja Drost cubre Colombia para GlobalPost. Su trabajo ha aparecido publicado en medios como la revista Time o el periódico San Francisco Chronicle