El Turno de Oficio de Madrid mantendrá sus movilizaciones hasta que se materialice la propuesta de Granados

Los abogados decidirán esta noche durante un encierro si se suman a la huelga de jueces del 18 de febrero MADRID, 16 (EUROPA PRESS) El Turno de Oficio mantendrá sus movilizaciones hasta que el Ejecutivo autonómico materialice la propuesta planteada hoy por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil. Los abogados se mostraron escépticos ante "el curioso" y "repentino" cambio de postura de Granados horas antes del encierro que mantendrá esta noche el colectivo como pistoletazo de salida a sus protestas. Cerca de 1.000 letrados se amotinarán durante doce horas en la sede del ICAM para escenificar su hartazgo ante las precarias condiciones que soportan para desarrollar este servicio público. Durante el encierro se celebrará una Asamblea Permanente para organizar las movilizaciones que se celebrarán en los próximos días. Se baraja la posibilidad de que se sumen a la huelga de jueces convocada para el 18 de febrero con el fin de trasladar la idea de que en la Justicia están implicados todos los operadores jurídicos. Escoltados por dos pancartas que rezaban: "Por un Turno de Oficio al Servicio de la Ciudadanía" y "Por el modelo actual de la Justicia Gratuita", los portavoces de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), de la Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid (APAEM) y de la Asociación Libre de Abogados (ALA) rechazaron, en rueda de prensa, la oferta de Granados que definieron como "una declaración programática de intenciones" plagada de "vaguedades". "Hasta que la propuesta no se concrete en hechos y se publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM), las movilizaciones se mantendrán", aseveró el presidente de ALTODO, Santiago Luengo, quien desveló que las conversaciones mantenidas entre el decano y el consejero le suscitan "ciertos recelos" debido a "la falta de sensibilidad" mostrada hasta ahora por parte del Gobierno regional. PROMESAS DEL CONSEJERO En la reunión, Granados se comprometió a abonar "en breve" los retrasos de las cantidades devengadas el pasado año por sus servicios, que ascienden a una deuda de más de 24 millones. Y adelantó que su Consejería establecerá "los mecanismos presupuestados necesarios" para que en 2009 las cantidades se paguen con regularidad, con miras a que la situación no vuelva a repetirse. Además, el consejero y el decano negaron que el Gobierno regional quiera privatizar el servicio de justicia gratuita, puesto que debe prestarlo por Ley el Colegio de Abogados. En cambio, los abogados siguen pensando que "las maniobras" realizadas en los últimos meses por el Gobierno regional fundan sus sospechas. "Existe una voluntad política de restringir el derecho de defensa", recriminó María Jesús Díaz Veisa, portavoz de ALA. El principal punto de discordia entre los abogados y la Comunidad se refiere al acuerdo de extranjería de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado el pasado 28 de noviembre. El convenio, que entró hoy en vigor, establece como obligación que los extranjeros acrediten con documentos su situación económica para acceder la servicio de justicia gratuita. Por un lado, Granados cree que el derecho a la tutela judicial efectiva no debe hacer distinciones entre españoles y extranjeros, mientras que los abogados de Oficio opinan que no se puede comparar "la situación jurídica de un sin papeles con la de un español". "A los extranjeros se les va a freír a una burocracia absurda que no podrán rellenar", aseveró Luengo. "El ciudadano extranjero quedará indefenso y los abogados nos quedaremos sin cobrar", añadió Según una nota difundida hoy por el Colegio, el ICAM y la Comunidad "abordarán conjuntamente el estudio del acceso a la Justicia de los ciudadanos extranjeros, sin merma de su derecho de defensa en el contexto de reforma de la Ley de Extranjería y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. DEUDA DE LA COMUNIDAD El encierro que llevarán a cabo los abogados forma parte del plan de movilizaciones pactado por las tres asociaciones que representan al colectivo para forzar a las Administraciones a implantar medidas urgentes que mejoren sus condiciones de trabajo, especialmente en el ámbito retributivo. La principal medida de presión acordara es la renuncia de las guardias penales a partir de marzo. Las movilizaciones se producen como protesta al impago de la Comunidad de sus honorarios, una deuda que asciende a los 24 millones de euros. La Comunidad de Madrid aprobó hace dos semanas un presupuesto de 30 millones de euros para sufragar los gastos del colectivo de 2009. Por tanto, la deuda se pagará a cargo de los presupuestos previstos para este año, lo que provocará que la situación de impago se vuelve a repetir. Ésta es la principal queja que sustenta la convocatoria de renuncia de las guardias penales a partir del próximo marzo. Las asociaciones han preparado un programa de movilizaciones que incluye manifestaciones y encierros. Entre sus reivindicaciones figura también que se les actualicen los baremos conforme al IPC. Tanto abogados como el ICAM exigen que se pongan al día los baremos conforme al IPC, puesto que no se revisa desde 2003, en el caso de la Comunidad de Madrid, y desde 1996 en el caso del Ministerio.