FACUA, satisfecha por la exigencia del PE de orden judicial para cortar internet

  • Sevilla, 6 may (EFE).- La organización FACUA-Consumidores en Acción se ha mostrado hoy satisfecha por la aprobación en el Parlamento Europeo (PE) de una enmienda en el nuevo marco de regulación de las telecomunicaciones que exige una orden judicial para cortar el acceso a internet a un usuario.

Sevilla, 6 may (EFE).- La organización FACUA-Consumidores en Acción se ha mostrado hoy satisfecha por la aprobación en el Parlamento Europeo (PE) de una enmienda en el nuevo marco de regulación de las telecomunicaciones que exige una orden judicial para cortar el acceso a internet a un usuario.

Al no formar parte esa enmienda de la posición común alcanzada entre el PE y los países de la UE, la totalidad del marco legislativo de telecomunicaciones tendrá que pasar en otoño al comité de conciliación -proceso en el que representantes de la Eurocámara y el Consejo negocian un acuerdo- y ya no podrá ser aprobado en la presente legislatura, cuyo último pleno se celebra esta semana.

Según la organización de consumidores, la medida rechazada por el Parlamento Europeo habría convertido a unas cuantas empresas y grupos de presión "en auténticos policías y jueces de la Red, que dictarían sus sentencias partiendo de la presunción de culpabilidad de cualquiera que entrase en ciertas web o compartiese archivos a través de internet".

No obstante, ha mostrado su preocupación por las "inquietantes" negociaciones que las empresas de telecomunicaciones llevan a cabo en España con la industria audiovisual y las entidades de gestión de derechos de autores y editores "para buscar fórmulas por las que instaurar algún tipo de censura en la Red".

La FACUA asegura, además, que dichas negociaciones han sido impulsadas por el Gobierno, que "prefiere mantener al margen a las organizaciones de consumidores e internautas".

El Parlamento Europeo apoyó hoy no imponer "restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales", según el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en materia de libertad de expresión y de información, "excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior".