Feijóo aprovechará su primer encuentro con Zapatero para "exigirle" la implantación del voto en urna para el CERA

Aprobará las Directrices de Ordenación y el Plan do Litoral en los próximos 6 meses y un nuevo Plan de RSU ante la saturación de Sogama

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PPdeG y próximo presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció hoy que "una de las primeras demandas" que llevará a su primer encuentro con el jefe del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, será la "urgente implantación" del voto en urna o telemático para los emigrantes españoles inscritos en el censo de residentes ausentes (CERA).

"Seguiremos exigiendo que los gallegos del exterior voten en las mismas condiciones y con las mismas garantías democráticas que los que vivimos aquí", garantizó el candidato a la Presidencia de la Xunta en su discurso durante la primera jornada de la sesión de investidura. A mayores, prometió reconocer a los emigrantes los mismos derechos sociales y sanitarios que a los residentes en Galicia, ampliar la red educativa gallega en el exterior e impulsar medidas para facilitar el retorno de quienes lo soliciten.

Además, entendió que los ciudadanos demandan "con más intensidad si cabe en la actual situación de crisis" una "importante mejora" de los servicios públicos, por lo que apostó por "dar una rápida y eficaz respuesta" a las personas dependientes con derecho a prestación, por mejorar el sistema sanitario y por incrementar la calidad de la educación, entre otras cuestiones.

Por otra parte, Feijóo consideró el desarrollo sostenible de Galicia como una de las "prioridades estratégicas" de su mandato, por lo que reafirmó que aprobará las Directrices de Ordenación do Territorio y el Plan do Litoral en sus primeros seis meses de mandato, aunque no aclaró qué medida adoptará a corto plazo para afrontar que la prohibición de construir a 500 metros de la costa expira el próximo 17 de maro.

Asimismo, frente a la situación de saturación de la planta de tratamiento de residuos de Cerceda (A Coruña), el futuro presidente gallego apostó por un nuevo Plan de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que incluye la construcción de nuevas instalaciones que complementen a Sogama.

EDUCACIÓN

En cuanto a la educación, el jefe de filas del PPdeG lamentó que la calidad docente experimentó en Galicia "un retroceso" en comparación con otras comunidades autónomas, al pasar de ser la tercera autonomía con menos fracaso escolar a situarse en el sexto lugar, y que, en los últimos cuatro años, "se perdieron" más de 13.600 alumnos de Formación Profesional.

Por ello, defendió una reforma del sistema educativo basada en "un Pacto Social por la Educación" que "debería cristalizar" en la aprobación de una ley de educación no universitaria de Galicia, que permita adaptar el sistema a las necesidades de la Comunidad gallega "sin romper con la necesaria homogeneidad del sistema educativo de España".

Además, según su esquema, permitirá recuperar la "convivencia" en los centros, la "dignidad" de la profesión docente y la "responsabilidad" de alumnos y familias en la labor educativa. También se deberá "reestructurar" la enseñanza de idiomas, de modo que los escolares terminen su etapa formativa siendo "trilingües".

Respecto de la educación superior, planteó la necesidad de impulsar la Formación Profesional como "instrumento de acceso al empleo" y abogó por que la Administración y las universidades, junto con las demás fuerzas políticas y los representantes sociales, definan un mapa de nuevas titulaciones que permita una integración "con garantías" en el ámbito europeo.

SANIDAD

Tras constatar que la sanidad pública gallega es "la peor evaluada por sus usuarios" a pesar de la "buena calidad" de sus profesionales y de la "buena situación" de la informatización de los centros sanitarios, Feijóo hizo especial hincapié en su "compromiso con la sanidad pública". Así, apostó por dar estabilidad a los profesionales y por garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

Además, prometió una Ley de garantías de prestación y una cartera de servicios del Servizo Galego de Saúde, que establecerán máximos de 45 días de demora para diagnósticos y de 60 días para intervenciones, así como "espera cero" para pacientes con cáncer y otras enfermedades muy graves. También avanzó que se terminarán las obras del nuevo Hospital de Lugo, que se construirá uno en Vigo y que se "intentará" realizar otro en Pontevedra.

DEPENDENCIA

Sus promesas en el ámbito de la dependencia le costaron hasta tres interrupciones debido a los aplausos de sus compañeros de filas. Mientras el todavía vicepresidente da Igualdade e do Benestar, Anxo Quintana, que ocupa la vicesecretaría de la Mesa del Parlamento, mostraba una sonrisa amarga, Feijóo criticaba la "decepción" causada por la ley que reconoce a los dependientes.

Por ello, aseguró que, bajo su mandato, los 16.000 grandes dependientes gallegos cobrarán sus ayudas "antes de terminar el año"; que no gastará "un sólo euro" en publicidad, sino que gastará "todo el dinero" a su mejora; que dotará, "por lo menos", de un centro de día a cada ayuntamiento de más de 1.500 habitantes; y que creará una red de atención especializada de residencias y de centros especializados para enfermos de Alzheimer y para discapacitados psíquicos.

VIVIENDA Y FAMILIA

También impulsará la firma de un acuerdo entre la Administración y "todos los actores del sector inmobiliario" para propiciar la salida al mercado del "stock de viviendas" existente en Galicia y con el compromiso de establecer "precios máximos".

El apoyo a las familias será otra de las prioridades del nuevo Gobierno gallego, para lo que Feijóo anunció la constitución del Consello Galego de Política Familiar y la elaboración de una normativa que trate "de forma integral" las posibilidades de ayuda que, desde la Administración, se pueden dar a las familias gallegas.

A mayores, confesó estar "particularmente comprometido" con alcanzar la "plena" igualdad en materia laboral entre hombres y mujeres y, para conseguirlo, se comprometió a impulsar la "igualdad salarial", excluyendo de las ayudas públicas a las empresas que discriminen salarialmente a las mujeres.