Juzgado de Güímar (Tenerife) solicita a la Apmun un perito que dictamine sobre los daños ambientales de las canteras

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 (EUROPA PRESS) El Juzgado número 2 de Güímar ha solicitado por segunda vez a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias (Apmun) la presencia de un perito para que elabore un informe sobre las afecciones medioambientales que podrían haber causado las extracciones de áridos en las canteras de este municipio. El concejal del Alternativa Por Güímar, Francisco Hernández, así lo ha explicado a Europa Press. Señaló que el pasado 12 de mayo de 2008 se solicitó por primera vez la presencia de una persona "cualificada" por parte de esta agencia para que elaborara este documento que, finalmente, "no acudió". De ahí, que el pasado 29 de diciembre se hiciera una nueva solicitud que se registró el día 7 de enero de este año. El edil aseguró también que el pasado 23 de octubre, el empresario Antonio Plasencia, propietario de una de las canteras, acudió a los juzgados a declarar "como imputado, después de haber sido citado --con anterioridad-- seis veces sin que acudiera a los juzgados". Contestó a las preguntas de su abogado", remarcó. "El objetivo de los que hemos acudido a los tribunales no es que paguen o vayan a la cárcel quienes han explotado las canteras, sino de quién va a restaurar los agujeros. No queremos que se use dinero para un trabajo que han de acometer los empresarios", defendió Francisco Hernández cuyo nombre aparece en la denuncia por un delito ambiental en las canteras de Güímar, pero que reconoció que "en esta causa" no está solo. El concejal aclaró, además, que las explotaciones fueron "ilegales", porque no contaban con licencia municipal --"de hecho, las cinco canteras están precintadas por orden judicial"--. Criticó también que "se ha sobrepasado cualquier concesión de la Dirección general de Minas". En este sentido recordó que existen taludes verticales de hasta 106 metros que con las lluvias van cediendo. "¡Es una barbaridad!", exclamó Hernández. Recordó además que estos modos de hacer las extracciones han puesto en peligro el Camino Real de Güímar, así como las fincas colindantes. "¡Hay que restaurarlo!, pero no de cualquier forma. No queremos basura, ni tampoco deben pagar siempre las administraciones. Alguien tendrá que exigir responsabilidades", subrayó. ¡DE ALGO HAY QUE MORIR, PERO NO TRAGANDO POLVO! La denuncia por delito ambiental en las canteras de Güímar fue presentada el 11 de mayo de 2005. En un momento determinado, el juzgado de Güímar anunció el sobreseimiento de la causa --explicó Hernández-- pero la Fiscalía de Medio Ambiente se ha personado y ha mantenido la causa abierta, que se encuentra en la actualidad en su fase previa para pasar en un futuro a los juzgados de Santa Cruz de Tenerife. Mientras el Ayuntamiento de Güímar --por acuerdo plenario-- ha modificado el Plan General de Ordenación del municipio e instó al Cabildo de Tenerife a que modificara el Plan Insular de Ordenación (PIOT) para que la zona de los barrancos volviera a ser considerada como suelo rústico. Hernández concluyó diciendo que "de algo hay que morir, pero de polvo, no". "Si se llega a desarrollar lo que pedía el PIOT estaríamos 50 años tragando polvo. Así no se puede vivir. Ahora, con el cierre de las canteras el aire se ve más claro y hay menos ruido", afirmó.