La Interpol emite orden de captura contra un opositor venezolano

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CARACAS (Reuters) - La Interpol emitió una orden de captura internacional contra el opositor venezolano Manuel Rosales, que esta semana solicitó asilo en Perú tras rechazar acudir a un tribunal de su país que evalúa llevarlo a juicio por corrupción, informó el jueves la policía local.

El dirigente, alcalde de la occidental ciudad de Maracaibo y que se enfrentó a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2006, estaba en la clandestinidad desde marzo tras denunciar que el mandatario manipula la causa en su contra, levantada por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito.

"Se está trabajando (...) inmediatamente sobre la difusión roja, que es la máxima alerta que se tiene para estos ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia", dijo en conferencia de prensa Wilmer Flores, director de la policía científica.

Un tribunal venezolano dictó el miércoles una medida privativa de libertad contra el político, además de solicitar a la Interpol su arresto por considerar que era un hecho notorio que Rosales no deseaba presentarse ante la justicia.

El abogado de Rosales en Lima, Javier Valle Riestra, dijo que la Interpol no podría intervenir en el caso después de que se pidiera su asilo político en Perú. Pero la Interpol en Lima afirmó el jueves que la orden estaba en proceso de ser transmitida y no descartó la posibilidad de su arresto.

Por su parte, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, dijo el jueves que espera que "la solicitud de búsqueda y captura con difusión roja que se está haciendo a través de la Interpol sea atendida por todos los países de la región y del mundo, y se cumpla estrictamente como se hace en Venezuela".

Rosales, que afirma que es inocente y califica la investigación como un intento de silenciarlo políticamente, se encuentra en Lima a la espera de que ese Gobierno estudie su solicitud de asilo político.

La cancillería peruana dijo que el trámite de evaluación del caso sería rápido, mientras Caracas considera que la petición no sería procedente, ya que a Rosales se le juzgaría por un delito común y no político.

La Fiscalía acusa al opositor de no poder justificar unos 60.000 dólares de su declaración jurada de patrimonio del período 2002-2004, cuando era gobernador del petrolero estado Zulia. El delito contempla penas de entre 3 y 10 años de cárcel.

Rosales denunció que las acciones en su contra forman parte de una oleada de ataques contra adversarios de Chávez, mientras el gobernante trata de sortear el impacto de la crisis económica mundial.