Nadal admite que se reunió con Sacresa meses antes de adjudicar Can Domenge pero no precisó las bases del concurso

Afirma ante la jueza que entonces se reunía con "muchos promotores" y asegura que no redactó las cláusulas técnicas de la enajenación

PALMA DE MALLORCA, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de UM y ex vicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal, admitió hoy ante la jueza que instruye el caso Can Domenge que se reunió con un directivo de Sacresa, adjudicataria de los terrenos palmesanos, meses antes de que fuesen enajenados por 30 millones de euros, cantidad claramente inferior al precio del mercado del solar, aunque aseveró que no precisó al empresario "las bases de determinación del precio o si iba a ser concurso o subasta, pues lo desconocía".

Así lo manifestó durante su comparecencia en calidad de imputado ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 12, Mari Carmen González, en torno a las presuntas irregularidades que rodearon al concurso convocado en 2006 para la adjudicación de la finca, del que resultó ganadora la UTE formada por Terrenos y Promoción S.L. y Construcciones Pedro Francisco Ferrá Tur por la mitad de los 60 millones de euros que ofrecía Núñez y Navarro, personada en el proceso como acusación particular.

El imputado manifestó que por aquel entonces mantenía reuniones "con muchos promotores y constructores" con quienes comentó que se vendía Can Domenge, aunque eludió ofrecerles detalles al respecto, ya que "no les podía decir nada porque no era un tema que llevara" Nadal. Respecto al encuentro concreto con el directivo de Sacresa, Joan Maria Pujals, aseveró que en él había "dos o tres personas" a las que, insistió, les habló de la venta pero "no sabía cómo se iba a hacer o cuánto se iba a pedir".

En este sentido, subrayó que no les especificó si tenían que contemplarse viviendas de protección oficial u otros usos de interés general, ni le consta que encargaran "ningún proyecto", así como tampoco que les ofreciera algún dato que "les pudiese hacer pensar que hubiera un precio máximo del producto final, vivienda". Asimismo, añadió que en ese momento tampoco sabía que iba a tratarse de viviendas ni les dio "ningún dato para que alguno pudiera hacer un master plan con un cálculo de rentabilidades".

Durante el interrogatorio ante la jueza, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau, y los abogados personados, Nadal recordó que cuando el 30 de diciembre de 2005 firmó el decreto por el que se aprobó el expediente de contratación para la adjudicación de Can Domenge, conocía las condiciones generales y que el terreno se vendía porque el Consell "necesitaba dinero" y el objetivo principal era "obtener financiación", además de "llevar a cabo un proyecto singular".

Ahora bien, aseguró en su declaración que desconocía las cláusulas concretas, ya que eran el actual portavoz de UM, Miquel Àngel Flaquer, y el ex conseller de Territorio, Bartomeu Vicens -también imputados en el procedimiento- quienes las habían estudiado, recordando que hubo técnicos que valoraron el terreno y Flaquer las determinó. En este sentido, indicó que no participó en la valoración de las cláusulas técnicas ni en su redacción, aunque sí firmó el inicio del expediente y el pliego de cláusulas en sustitución de la entonces presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, de baja por enfermedad.

En una declaración que se prolongó por espacio de dos horas y media, también afirmó que "era consciente de que había un precio por encima del cual, se ofreciese lo que se ofreciese, no se iba a dar mayor puntuación", al tiempo que profundizó en las condiciones de la adjudicación, señalando que un criterio "muy importante" era el proyecto técnico y otro el aspecto económico, además del hecho de que el licitador ofertase la ejecución en el menor plazo. "El procedimiento era correcto", espetó Nadal.

Al ser preguntado por qué no se planteó esperar al alta de Munar para firmar las cláusulas "a la vista del interés mediático suscitado", el presidente de UM respondió que "confiaba plenamente en el secretario general, que vela por la legalidad" y puntualizó que "la presión mediática comenzó después de firmar el decreto". Al mismo tiempo, manifestó que como vicepresidente de la Institución insular no preguntó "a nadie" cuál iba a ser el destino que se le iba a dar al solar, pues tenía "absoluta confianza en sus compañeros de gobierno".

Finalizada su comparecencia y a su salida de los juzgados de Vía Alemania, Nadal, acompañado por su abogado, Josep Zaforteza, se mostró seguro de que no habrá cargos contra él, después de que recientemente prometiese que dimitiría de todas sus funciones públicas en caso de que se desvelasen indicios claros de su implicación en el caso. Cabe señalar que la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares contra él ni que el procedimiento sea elevado a la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), por tratarse de un encausado aforado.

NINGUNA MEDIDA CAUTELAR CONTRA NADAL

Así, tal y como estaba previsto, la jueza no adoptó ninguna medida contra Nadal y será el máximo órgano judicial de las islas la instancia competente para decretarlas, en el supuesto de que el caso sea finalmente trasladado al TSJIB para su instrucción. Nadal se limitó a mostrarse "muy satisfecho y muy contento" por el desarrollo de su comparecencia, si bien eludió profundizar sobre el contenido de su declaración e incluso tuvo tiempo de bromear con comentarios futbolísticos.

El dirigente 'uemita' estaría relacionado con presuntos delitos de malversación de fondos públicos, revelación de secretos oficiales y prevaricación, que son los que figuran en la querella interpuesta por la empresa Núñez i Navarro a principios de 2007 contra una veintena de cargos de UM y PP votaron a favor de la adjudicación de estos solares, entre ellos Nadal.

Junto a Nadal, otros cargos que también se encuentran imputados en este procedimiento son el diputado del Grupo Mixto en el Parlament y ex vicepresidente del Consell, Bartomeu Vicens -también encausado en los casos de Son Oms y Plan Territorial-, y el portavoz de UM en la Institución Insular, Miquel Àngel Flaquer, ambos defendidos por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner.