Pedraz imputa a tres ministros chinos por la represión en Tíbet

MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional ha imputado a tres ministros del Gobierno chino por un delito de lesa humanidad durante las revueltas sofocadas en Tíbet en marzo de 2008, según documentos judiciales difundidos el martes.

El juez Santiago Pedraz había admitido a trámite en agosto una querella del Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa contra los tres ministros y otros cinco altos cargos del Gobierno chino.

Esa querella señala que desde el 10 de marzo de 2008 "las autoridades políticas y militares chinas dirigieron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tibetana, causando, al menos, 203 muertos, más de mil lesionados y 5.972 detenidos ilegales".

Esos hechos, según el Código Penal español, constituirían un crimen contra la humanidad contra un colectivo, el tibetano, "perseguido por las autoridades citadas por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género", por lo que Pedraz solicita poder viajar a China para interrogar a los altos cargos militares.

El magistrado pide a las autoridades chinas que notifiquen los cargos al ministro de Defensa, Lian Guanglie; al ministro de Seguridad del Estado, Geng Huichang y al ministro de Seguridad Pública, Meg Jianzhu. Además, les solicita que manifiesten si quieren declarar en España o ante un tribunal chino.

Además de los tres ministros, también están imputados Zhang Qingli, secretario del partido comunista chino en Tíbet; Wang Lequan, miembro del Politburó de Pekín; Li Dezhu, líder de la Comisión de Asuntos Étnicos; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa; y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.

China culpa al Dalai Lama, líder espiritual tibetano, y a su gobierno en el exilio de haber planeado los disturbios en los cuales dice que murieron al menos 18 "civiles inocentes" a manos de turbas de tibetanos en la capital regional, Lhasa.

Grupos de derechos humanos aseguran que muchos más tibetanos resultaron muertos en manifestaciones posteriores y en la represión subsiguiente en la región.