Piden 9 años de prisión para Alfredo Sáenz y ex directivos de Banesto por denuncia falsa

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía solicita penas de 9 años de prisión para Alfredo Sáenz, ex presidente de Banesto y ahora consejero delegado de Banco Santander, y ejecutivos que ocupaban cargos de dirección en Banesto en 1994 por cuatro presuntos delitos continuados de acusación y denuncias falsas y un supuesto delito de estafa procesal en grado de tentativa.

Según se recoge en las calificaciones, además de Sáenz, están acusados José Ángel Merodio Zubiarrain, ex consejero director general del área comercial de Banesto; Miguel Ángel Calama Teixeria, ex director regional de Banesto en Catalunya y Baleares, y Rafael Jiménez de Parga, letrado externo del banco.

La apertura de juicio oral --que tendrá lugar el lunes en la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona-- pone fin a un largo proceso judicial que se remonta a quince años atrás.

Fue entonces cuando Saénz y el resto de acusados decidieron presentar una querella criminal por delito de estafa y alzamiento de bienes contra Pedro Olabarria Declaux y socios, vinculados al grupo Olabarria o Grupo Harry Walker, a quienes el banco les exigía el cobro de una deuda contraída con la entidad por valor de 600 millones de pesetas.

Según el escrito del fiscal, los acusados dieron luz verde a la presentación de la querella sabiendo que los hechos y las afirmaciones en que se sustentaba eran falsos.

En los fundamentos de la querella, los directivos de Banesto insistieron que habían concedido créditos a varias sociedades del grupo Olabarria con la garantía de la solvencia y patrimonio personal de los entonces querellados (Pedro Olabarria, Luis Fernando Romero García y José Ignacio Romero García).

No obstante, el fiscal sostiene que dicha acusación era "completamente falsa" porque los querellados se habían negado a afianzar con su patrimonio los créditos concedidos por Banesto y los directivos del banco lo sabían, pero continuaron con este argumento en la ampliación de querella posterior porque se sintieron engañados y estafados.

Asimismo, el escrito recoge supuestas falsas alegaciones por parte de Saénz y la cúpula directiva, que argumentaron en otra querella ampliada del 27 de septiembre de 1994 que los ejecutivos del grupo Olabarria habían desviado fondos al extranjero. Finalmente, en enero de 2005 se dictó auto de sobreseimiento y se archivó la causa contra este grupo de empresarios.

Ahora, Pedro Olabarria y el resto de entonces querellados reclaman a los acusados una indemnización de un euro para cada uno de ellos.