Londres.- La primera vista sobre la extradición de Garikoitz Ibarlucea Murua, reclamado por España por participar en actos de violencia callejera, se celebra hoy en el Tribunal de Magistrados del distrito londinense de Westminster.
El pasado día 22, fecha inicial de la primera vista, el letrado de Ibarlucea, Ben Cooper, pidió un aplazamiento de esa audiencia para dar tiempo a que se gestionase la llamada "Legal Aid", la subvención estatal para recibir representación legal a la que tienen derecho en el Reino Unido los procesados sin recursos.
Con el consentimiento de la defensa, la cita de hoy se efectuará en ausencia del acusado, que en principio volverá a comparecer ante el juez por videoconferencia el próximo 9 de abril, la primera fecha en que estaba disponible la conexión.
Hasta entonces Ibarlucea seguirá en prisión preventiva.
El joven de 29 años fue detenido el 14 de marzo en Londres en su puesto de trabajo como cocinero en una cadena de alimentación de productos orgánicos en el barrio del Soho, en el centro de la capital británica, tras ser localizado por la policía local.
Sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE) por su participación en actos de violencia callejera en el País Vasco entre 2001 y 2002.
Ibarlucea, nacido en 1981 en Ibarra (Guipúzcoa), se personó por primera vez ante el tribunal londinense el 15 de marzo, cuando el fiscal Daniel Sternberg expuso los cargos que se le imputan en la orden dictada por la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional española con fecha del 10 de diciembre de 2007.
La orden se refiere a un delito de pertenencia a organización terrorista y vincula a Ibarlucea con tres episodios concretos de violencia callejera.
Se trata de ataques con artefactos incendiarios en Guipúzcoa: el primero de ellos contra el vehículo de un funcionario del Gobierno vasco en Ibarra en noviembre del 2001, el segundo contra unas oficinas de Correos de Alegría (Guipúzcoa) en abril del 2002 y el tercero contra un autobús con pasajeros en la N-1 en dirección a Tolosa (Guipúzcoa) en mayo de 2002, acciones que causaron cuantiosos daños materiales.
Sternberg explicó entonces que estas acciones constituyen un delito de conspiración para causar explosión y para cometer asesinato, penadas cada una de ellas con una pena máxima de cárcel de 16 años.
Por "estos crímenes extremadamente serios" y porque Ibarlucea se encontraba huido de la Justicia española, el representante de la Fiscalía pidió que no se le diera opción de quedar en libertad bajo fianza, lo que tampoco solicitó Cooper.
Ibarlucea fue detenido por la Guardia Civil en octubre del 2002 por participar en estos y otros actos de "kale borroka" (violencia callejera) en Guipúzcoa, pero se encontraba huido desde 2006, cuando no se presentó al juicio por estos hechos en la Audiencia Nacional.
Ibarlucea fue detenido junto a otros siete jóvenes -Aritz Sudupe, Eñaut Garmendia, Ibon Arnalde, Iosu y Mikel Ozaita, Jon Otegi y Goar Jiménez- a quienes el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dejó inicialmente en situación de prisión provisional.
Cuatro meses después, en febrero de 2003, el juez Guillermo Ruiz Polanco, instructor de la causa, los dejó en libertad bajo fianza de 6.000 euros, al considerar que no existía riesgo de fuga.
En octubre de 2006, la Audiencia Nacional condenó a los jóvenes a penas de uno y dos años de cárcel, después de que el fiscal, que inicialmente pedía entre 32 y 96 años de prisión para ellos, y las defensas de los acusados alcanzaran un acuerdo de conformidad, tras reconocer éstos su participación en los hechos.
Su situación procesal en España puede ser más grave y comportar una mayor pena de cárcel por haberse fugado, pero previamente el tribunal de Westminster tendrá que aprobar su extradición.
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