Alfredo Sáenz niega que tuviera conocimiento de la querella contra Olabarria

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El ex presidente de Banesto, Alfredo Sáenz, negó hoy que tuviera conocimiento de la interposición de una querella contra el grupo Olabarria por el impago de una deuda de 600 millones de pesetas en 1994. Explicó que no fue consciente de ella, porque entre otras cosas no era su responsabilidad directa, hasta que no hubo encarcelamientos y registros en la sede de Banesto de Catalunya.

En la segunda sesión del juicio en la Audiencia de Barcelona, Sáenz admitió que no sabía si la deuda era avalada personalmente por los socios del grupo Olabarria, aunque su banco se querelló precisamente por esto.

La Fiscalía pide 9 años de prisión y 300.000 euros de multa a cada uno de los acusados de Banesto --Calama, Sáenz, el consejero director general del Área comercial, José Ángel Merodio, y el abogado de la entidad, Rafael Jiménez de Parga-- por los delitos de acusación y denuncias falsas contra el grupo Olabarria y estafa procesal en grado de tentativa. El fiscal pide ademas la inhabilitación para ocupar cargos en consejos de administración durante dos años.

En su declaración hoy ante el juez, Sáenz explicó que el fue nombrado presidente del Banesto el 28 de diciembre de 1993, cuando la entidad fue intervenida por el Banco de España con deudas de más de 350.000 millones de pesetas, casi una tercera parte en Catalunya. Por ello, la nueva dirección ordenó intentar recuperar todas las deudas impagadas posibles.

Sáenz explicó que la deuda de 600 millones de pesetas de Olabarria no era una suma tan importante como para ocuparse personalmente y que cuando Merodio le explicó que el banco se había querellado contra el grupo empresarial no le dio "transcendencia".

Además, la interposición de la querella nunca llegó a exponerse en el Consejo de Administración, como nunca en su carrera ha visto en ningún otro caso. Igualmente, dijo que él podía tomar la decisión de poner la querella, pero que por motivos de "operatividad" del banco no lo hacía, "sería arbitrario" y era responsabilidad de los expertos, admitió.

En cambio, fue consciente del "jaleo" cuando a finales de verano de 1994 se ordenó prisión para los cuatro socios de Olabarria, el juez que llevaba el caso, Lluís Pascual Estevill, fue acusado de cohecho y se ordenó el registro de la sede de Banesto en Catalunya.

El juicio llega quince años después de los hechos, cuando los directivos de Banesto se querellaron contra la cúpula del grupo Olabarria por estafa y alzamiento de bienes al no devolver un crédito de 600 millones de pesetas de la época (3,6 millones de euros).

Inicialmente, el caso fue instruido por el entonces juez Lluís Pascual Estevill que ordenó prisión para los cuatro socios del grupo Olabarria denunciados por Banesto: Pedro Olabarria, Modesto González Mestre, Luis Fernando Romero García y José Ignacio Romero García.

Precisamente, Estevill fue condenado en 1996 por prevaricación y detención ilegal contra estos cuatro socios. El ex juez --ahora en prisión-- está citado a declarar como testigo ante la Audiencia de Barcelona.

ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA

Según el escrito del fiscal, los directivos de Banesto dieron luz verde a la interposición de la querella por parte de Jiménez de Parga sabiendo que los hechos y las afirmaciones en que se sustentaba eran falsos.

El fiscal considera que los directivos del banco siguieron con la querella porque se sintieron engañados y estafados, especialmente cuando constataron que el impago se debía a la suspensión de pagos del grupo empresarial.

Finalmente, en enero de 1995 se archivó la causa contra este grupo de empresarios, que entonces decidieron denunciar a los responsables de Banesto, causa que empezó a juzgar ayer la Audiencia de Barcelona.

Ahora, Pedro Olabarria y el resto de directivos del grupo reclaman a los acusados de Banesto una indemnización de un euro para cada uno de ellos.