Granada, 6 abr.- La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha imputado a otras 14, entre ellas la alcaldesa de Lobras (Granada), en la segunda fase de la operación Isolda que investiga modificaciones del catastro y delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.
El cuerpo armado ha detallado en un comunicado que hasta el momento ha procedido a la detención de cinco personas, entre las que hay un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada, un antiguo funcionario de esta institución, un abogado y dos particulares.
Entre las presuntas irregularidades, la investigación aún en curso que aúna a investigadores de la Guardia Civil y personal de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda, ha constatado que terceras personas se apropiaban de fincas cuya titularidad legal pertenecía a personas fallecidas.
En el marco de la segunda fase de la operación, los agentes han detenido a estas cinco personas como presuntos autores de delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias, junto a la imputación de otras 14 personas entre las que se encuentra la alcaldesa del municipio granadino de Lobras.
Esta segunda fase de la operación Isolda se ha desarrollado tras el análisis de la abundante documentación intervenida durante los registros practicados en el mes de mayo del pasado año en la Gerencia Territorial del Catastro de Granada, en una notaría, un despacho de arquitectura y un domicilio particular.
En la primera fase se detuvo a un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro, un arquitecto y al empleado de una notaría.
La documentación intervenida el pasado año ha permitido confirmar y documentar que la trama investigada procedía a la emisión de resoluciones y certificaciones catastrales irregulares por ciertos funcionarios del Catastro granadino con el fin de favorecer los intereses de terceros.
Utilizaban la documentación falsificada para alterar propiedades, paralizar expedientes sancionadores o por irregularidades urbanísticas o evitar responsabilidades derivadas de la comisión de delitos urbanístico, entre otros fines.
Parte de las modificaciones fraudulentas, según la Guardia Civil, se realizaba previo pago de elevadas cantidades de dinero a los componentes de la trama, que cobraban por gestiones que de ser legales habrían resultado gratuitas.
La operación, dirigida por el juzgado de Instrucción 1 y la Fiscalía provincial de Granada, se encargaba además de propiciar que terceros se apropiaran de fincas cuya titularidad legal correspondía a personas fallecidas.
El grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolla la investigación, que continúa abierta y se encuentra bajo secreto de sumario.
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