Piden a Honduras dar la ayuda prometida a migrante excarcelado en México

México, 11 dic.- El Gobierno hondureño no está generando las condiciones adecuadas de retorno para Ángel Amílcar, el migrante hondureño que pasó más de cinco años en una cárcel mexicana acusado de delitos que dice no haber cometido, denunció hoy el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

A través de un comunicado, esta organización indicó que la Secretaría de Gobernación de Honduras se comprometió a apoyar a Amílcar, quien regresó a Honduras el pasado 9 de noviembre, con un proyecto productivo y que no lo está cumpliendo.

A su regreso, el hondureño fue recibido por diversas instancias del Gobierno hondureño, como el comisionado nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, y el secretario de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo.

Este solicitó formalmente a la segunda dependencia medidas de acompañamiento para facilitar su retorno a Honduras, entre ellas apoyo para iniciar un proyecto productivo y continuar con su proceso de rehabilitación física y psicológica.

Sin embargo, señaló el Centro Prodh, un mes después de la solicitud, Amílcar "no ha recibido respuesta alguna de su petición, a pesar del compromiso asumido desde la secretaría citada".

"Cabe mencionar que la propia oficina del secretario hizo pública la reunión sostenida con Ángel a través de los medios de comunicación, así como la petición que Ángel realizó", apunta el documento.

El hondureño fue detenido en 2009 en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con EE.UU., cuando la Policía allanó la vivienda donde un traficante de personas lo mantenía antes del cruce.

"Viví un infierno, a mí me arraigaron 40 días en un cuartel militar, me trataron como prisionero de guerra, después me trasladaron a una cárcel de máxima seguridad donde completé mis cinco años, siete meses y seis días" de prisión, subrayó a su regreso a Honduras.

Durante los más de cinco años que estuvo en una cárcel de Tepic, en el occidental estado de Nayarit, tuvo "problemas con las autoridades", pues lo "incomunicaron" y le "dificultaron reunir los medios de prueba necesarios para demostrar" su "inocencia".

La organización Amnistía Internacional (AI) lo declaró preso de conciencia porque "la tortura y el maltrato del que fue víctima tuvo un factor de discriminación racial por su origen afrodescendiente garífuna y resultó su encarcelamiento en un procesamiento injusto".