Sevilla, 6 feb.- La Audiencia de Sevilla ha aclarado un auto anterior y ha dicho que la juez de los ERE, Mercedes Alaya, no debe imponer medidas cautelares al ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez.
La Sección Séptima de la Audiencia ha emitido un auto aclaratorio al que emitió en enero, cuando ordenó a la juez Alaya imponer fianzas de responsabilidad civil al exinterventor, al exjefe de servicio de la Junta de Andalucía Antonio Diz-Lois y a la exasesora de la dirección general de Empleo María José Rofa.
La Audiencia ordenó dichas medidas cautelares pese a que estaba respondiendo a un recurso de la Fiscalía Anticorrupción en el que solo pedía una fianza de 205 millones de euros para María José Rofa y no para los otros dos imputados.
Ahora, el tribunal dice que incurrió en una "incongruencia procesal al otorgar más de lo pedido" y aclara que las medidas cautelares sólo se deben imponer a Rofa "con libertad de criterio" de la juez instructora para el correcto aseguramiento de sus eventuales responsabilidades económicas.
El auto recoge que los jueces no pueden modificar sus sentencias y autos una vez pronunciados, salvo la aclaración de conceptos oscuros o la rectificación de las "equivocaciones materiales evidentes y los errores matemáticos".
"Tiene razón el Ministerio Público en su recurso", dice el nuevo auto, aunque añade que el tribunal de la Audiencia "entendió, y sigue entendiendo, que los argumentos empleados para la señora Rofa en el auto apelado eran similares a los empleados respecto de los otros dos imputados".
La Sección Séptima argumentó en su primer auto que la colaboración de Rofa en la investigación, como argumentó la juez instructora de los ERE, "puede ser motivo de atenuación de la pena" pero no puede dar lugar a "una negativa adoptar medidas de aseguramiento de eventuales responsabilidades pecuniarias".
Respecto a Gómez Martínez, que se encuentra entre los 141 ex altos cargos de la Junta, mediadores e "intrusos" imputados por los ERE, la Audiencia añadió entonces el argumento de que "dio conocimiento del uso supuestamente ilícito de las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones".
Gómez Martínez y Diz-Lois se encuentran entre los escasos imputados a quienes Alaya no impuso fianza de responsabilidad civil, en unas medidas cautelares que ya alcanzan centenares de millones de euros puesto que la juez responsabiliza a cada alto cargo o mediador de todas las ayudas irregulares pagadas bajo su mandato.
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