El PP llevará a la fiscalía el expediente Lagunilla tras rechazar PSOE y PRC la comisión de investigación

PSOE critica la "política espectáculo" del PP y PRC la achaca a una estrategia para "desplazar la vista" de casos que les afectan

SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Parlamento cántabro, Francisco Rodríguez, aseguró hoy que su grupo llevará ante la fiscalía las "gravísimas irregularidades" que, a su juicio, existen en el expediente sobre la rehabilitación del edificio Lagunilla para ser futura sede de la Dirección General de Desarrollo Rural.

Así lo dijo en el Pleno de la Cámara en el que esta tarde PSOE y PRC rechazaron crear una comisión de investigación sobre esas obras y sobre las relaciones de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad con la empresa Tragsa en los dos últimos años.

Socialistas y regionalistas creen que no hay nada que investigar y el propio consejero, Jesús Oria, recalcó que "no hay absolutamente nada que justifique" la creación de una comisión de investigación y acusó al PP de pretender únicamente "continuar" con su línea "demagógica habitual".

Rodríguez lamentó que los grupos que apoyan al Gobierno rechazaran su petición porque aunque el PP lo lleve al juzgado, con los ritmos de la justicia se demorará hasta después de las elecciones que, en su opinión, es lo que les interesa a socialistas y regionalistas.

El PP solicitaba la creación de una comisión de investigación sobre las relaciones de la Consejería con Tragsa y sobre el expediente relativo al edificio Lagunilla porque, a su entender, en éste último existen "gravísimas irregularidades", más en concreto, falsedad en documento público, al existir certificaciones de ejecución de una obra que ni siquiera ha comenzado.

El consejero y los grupos que apoyan al Gobierno lo atribuyen a anticipos y reconocen un error "administrativo" en el documento utilizado para el pago, pero sostienen que ese dinero está asegurado, porque se trata de una empresa pública que mantiene una relación instrumental con la Administración.

El portavoz 'popular', en cambio, habló de "corrupción" y opinó que el consejero debería dimitir. Entre otras cosas, criticó que el presupuesto del proyecto, de acuerdo con un documento suscrito por el secretario general de la Consejería y el director general de Desarrollo Rural, es de unos 333.000 euros, pero en las certificaciones de obra se cuantifica en cambio en unos 532.000.

Además, aseguró que las certificaciones de obra aprobadas superan en 48.000 euros el presupuesto del proyecto y consideró que alguien debería explicar todas esas cuestiones en el Parlamento.

De hecho, no entiende que "algún diputado" pueda votar en contra de la comisión de investigación, como tampoco comprende que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, diga que le huele mal "la orina del enfermo" --en relación al caso Gürtel y la aparición del nombre de Luis Bárcenas ligado a la trama--, y no le huela mal en cambio lo sucedido con el edificio Lagunilla cuando hay un "documento oficial" que refleja esas "irregularidades".

ANTICIPOS LEGALES

El consejero le respondió que el sistema de anticipos a Tragsa es "perfectamente legal" y explicó que lo que ha ocurrido es que se han utilizado documentos administrativos "no adecuados".

Pero en todo caso, recalcó que si al final no se consiguiera la licencia de obra y no se ejecutaran las obras, se liquidaría la encomienda a Tragsa, el Gobierno recuperaría el dinero y, a la vez, se identificaría a los posibles "causantes" de los daños para reclamarles por ello y solicitar la devolución de los alquileres.

Además, el consejero subrayó que hubo que acudir a los anticipos porque no se obtuvo la licencia de obras en un "tiempo razonable". Y es que, según dijo, además de la licencia de obra, han tenido que pedir también la de actividad, porque el edificio llevaba 19 años funcionando sin dicha licencia, "un prodigio de eficacia administrativa" por parte del Ayuntamiento, ironizó.

UNA ESTRATEGIA "SUCIA"

Por su parte, el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, coincidió con el consejero en que "no hay ni una sola razón" para crear la comisión de investigación y esgrimió un documento de la arquitecto técnico en que se cifraba el presupuesto en 533.000 euros, en contra del presentado por el PP.

De la Sierra acusó además a los 'populares' de utilizar una estrategia "sucia" para transmitir "una sensación de inseguridad y corrupción donde no lo hay" y "desplazar la vista" de los casos que afectan al PP, que no son "casos singulares", sino un caso de corrupción "generalizado vinculado a intereses directamente relacionados con los órganos centrales del partido". "Ustedes han desistido de luchar por demostrar su inocencia y están utilizando la culpabilidad de todos los demás", apostilló.

En líneas similares, el portavoz socialista, Francisco Fernández Mañanes, afirmó que el PP pretende plantear una "política espectáculo" propia de quienes "no saben hacer su tarea de oposición" y cuestionó que se pretenda "poner el foco de atención" de los cántabros sobre un "error de procedimiento que no tiene ninguna trascendencia".

Además, instó al PP a ir a la Fiscalía porque, a su juicio, no hay más caso que el del Partido Popular y el PP será el "corrupto" si no es "capaz de demostrar" sus "gravísimas acusaciones".