Juez del 'caso Guateque' pide a la Comunidad de Madrid que informe sobre patrimonio del ex consejero López Viejo

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MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El juez Santiago Torres, que instruye el 'caso Guateque', ha solicitado a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid que le informe sobre las declaraciones de intereses que obren en los registros de actividades, bienes y derechos patrimoniales sobre el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El requerimiento del juez se produce por la imputación en la causa de la mujer de López Viejo, Teresa Gabarra Balsells, debido a las supuestas anomalías detectadas en el expediente de licencia del restaurante que regenta en la calle Ibiza (Retiro). Este local forma parte supuestamente de los establecimientos que pagaron determinadas cantidades de dinero a cambio de acelerar la obtención de licencia. Gabarra Balsells negó este extremo ante el juez el pasado diciembre.

Durante su interrogatorio, la imputada negó los pagos y haber recibido "un trato preferente" por parte de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid debido a su condición de esposa de un consejero. El juez sospecha que obtuvo un trato especial, puesto que el expediente contenía una anotación con la leyenda: "urgente".

En una providencia notificada ayer, el instructor pide también al registro mercantil que le envíe información sobre cuatro sociedades relacionadas tanto con el ex consejero como con su mujer. Además, se reclama al Registro Civil que informe sobre su régimen económico matrimonial.

Se da la circunstancia de que López Viejo está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación con delitos de cohecho y tráfico de influencias por el 'caso Gürtel" en el que se investiga una supuesta trama corrupta de empresas vinculadas con el PP de Madrid y de Valencia.

En el auto de inhibición de la causa, el juez Baltasar Garzón acusó a López Viejo, al diputado Benjamín Martín Vasco y al parlamentario Alfonso Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

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