Prisión para un inspector y dos abogados por la trama de corrupción policial de los prostíbulos en Barcelona

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS) La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ordenó esta mañana prisión incondicional para un inspector de la Policía Nacional y prisión bajo fianza de 20.000 euros para dos abogados detenidos por su presunta vinculación a la trama de corrupción policial en prostíbulos de Barcelona, como el Saratoga y el Riviera de Castelldefels. Tras ser detenido el jueves, la Fiscalía pidió para el inspector J.J.M.P., conocido como 'Jordi', prisión por los delitos de obstrucción a la justicia, extorsión y asociación ilícita. Al abogado Fernando Martínez, presidente de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon) y ex miembro de la Ejecutiva del PP catalán, que quedó en libertad el viernes a la espera de comparecer de nuevo hoy, la juez decidió su ingreso a prisión bajo una fianza de 20.000 euros. Para el abogado Álex G., la Fiscalía pedía prisión y finalmente la juez le ha impuesto una fianza de 20.000 euros para eludirla. A ambos les atribuyen los delitos de extorsión y asociación ilícita. El tercer abogado detenido el jueves, Carlos C., que durante un tiempo fue juez sustituto, ya quedó en libertad con cargos el viernes. Los tres abogados eran socios del bufete Corporación Legal Abogados España, en la calle Gelabert del barrio de Les Corts de Barcelona, que fue registrado el jueves y el viernes. Fuentes jurídicas explicaron que los tres abogados dijeron el viernes a la juez que habían declarado a Hacienda todo el dinero cobrado a los prostíbulos a los que asesoraron tras los registros e investigaciones policiales. Los letrados supuestamente cobraban dinero a los dueños de los prostíbulos para ocultar delitos. La juez y la Fiscalía preguntaron al inspector de Policía sobre las redadas policiales en los prostíbulos. El pasado lunes los Mossos ya arrestaron a un comisario de la Policía Nacional presuntamente implicado en esta trama y, con los del jueves, son ya catorce los implicados en el caso que lleva la juez Elisabeth Castelló, que mantiene el secreto de sumario y clausurados los dos macroprostíbulos. Entre los imputados figuran el ex jefe de un grupo de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (Ucrif), que se encuentra en prisión preventiva, y el actual inspector jefe de la unidad, quien eludió ingresar en la cárcel pagando una fianza de 2.500 euros.