Caracas, 6 nov.- El Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) consideró hoy que hay elementos para abrir juicio a la diputada opositora María Aranguren por presunta corrupción, en un proceso que podría terminar con la destitución de la parlamentaria de su escaño.
Con el fallo, difundido en un comunicado, el TSJ accedió al pedido de la fiscal general, Luisa Ortega, y abrió la puerta al retiro de la inmunidad parlamentaria de Aranguren, quien de esta forma podría ser enjuiciada y apartada de su escaño allanando el camino para que el chavismo alcance mayoría cualificada de tres quintos en el Legislativo.
Aranguren está acusada por la Fiscalía de los delitos de peculado doloso, asociación para delinquir y legitimación de capitales por supuestas irregularidades detectadas en la época en la que fue presidenta de una empresa inmobiliaria en la capital del estado Monagas (oeste) creada con dinero público.
El TSJ informó que de esta manera rechazó la solicitud de sobreseimiento interpuesta por los abogados defensores de la legisladora, una disidente chavista que ha declarado que la causa en su contra tiene como objetivo sacarla de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral).
Según la diputada, el Gobierno quiere que su suplente, Carlos Flores, tome su lugar en el Parlamento y vote a favor de una solicitud de poderes especiales solicitada al presidente del país, Nicolás Maduro.
La denominada Ley Habilitante, como se conoce a este permiso, otorgaría a Maduro la capacidad de legislar sin contar con el control legislativo de la AN, pero para su aprobación se requiere una mayoría cualificada de 99 diputados y el chavismo teóricamente cuenta con 98.
El TSJ dijo que ordenó notificar sobre la sentencia contra Aranguren a la AN, que deberá convocar a una sesión para debatir sobre el retiro de la inmunidad parlamentaria de la diputada.
Aranguren sostiene que la Fiscalía ya le inició un procedimiento en 2008 en Monagas, estado por el que es diputada, sin que entonces se hallaran evidencias para procesarla.
Esta no es la primera vez que la fiscal general solicita al TSJ una medida de este tipo contra diputados de la oposición.
En julio pasado, el TSJ aceptó la petición del Ministerio Público para procesar por supuesto fraude tributario y enriquecimiento ilícito al también diputado opositor Richard Mardo, cuya inmunidad fue finalmente levantada.
También tiene pendiente de resolver una petición similar contra el también diputado opositor Juan Carlos Caldera.
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