El contable de Vicens admite que éste le encargó realizar un estudio plagiado sobre el suelo por 12.000 euros

El ex portavoz de UM reconoce que pidió el informe pero niega haber indicado páginas web de donde "plagiar" el contenido del mismo

PALMA DE MALLORCA, 26 (EUROPA PRESS)

El imputado dentro del caso Son Oms, Tomás Martín, quien fue contable particular del ex portavoz de UM, Bartomeu Vicens, admitió hoy ante el juez que a principios de 2007 el actual diputado del Grupo Mixto le encargó realizar un estudio plagiado sobre el valor del suelo en Mallorca de cara a la elaboración de la Ley del Suelo, que le fue adjudicado por un total de 12.020 euros del erario público, unos hechos que constituirían sendos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

Fuentes judiciales indicaron a Europa Press que durante su declaración, efectuada ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que instruye parte de la causa, Antoni Capó, el fiscal anticorrupción Juan Carrau y los abogados personados en el caso, Martín afirmó que cuando recibió "el encargo" puso "reticencias", ya que "soy economista y no dominaba el tema".

Sin embargo, finalmente accedió a la propuesta de Vicens y aportó el informe que le había pedido, reconociendo que había extraído su contenido y estadísticas de varias páginas web y de otros informes sobre el valor del suelo que "ya existían" después de que así se lo indicasen desde la Conselleria de Territorio.

Un extremo que, sin embargo, negó Vicens durante la comparecencia que también llevó a cabo esta mañana en la sala del jurado del TSJIB, donde el también ex conseller insular de Territorio, asistido por los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, aseveró que para la elaboración del informe no se le instó a "plagiar" páginas web ni otros documentos anteriores relativos al valor del suelo.

A lo largo de su declaración, que se prolongó por espacio aproximado de una hora, Martín, defendido por los letrados Gaspar Oliver y Ricard Mesquida, fue preguntado sobre por qué no devolvió el dinero cuando lo cobró en 2007, a lo que respondió que "ahora me he dado cuenta de la gravedad" y ayer ya retornó en una entidad bancaria los 12.020 euros que percibió por el estudio, lo que podría constituir una atenuante por la reparación del daño causado que se sumaría al hecho de haber confesado lo ocurrido.

Martín, quien ya reconoció haber conseguido facturas falsas para evadir impuestos ante Hacienda y maquillar las comisiones obtenidas de la recalificación de Son Oms, aseveró que la obtención de los 12.020 euros -cantidad máxima que permite la Ley para realizar este tipo de pagos sin necesidad de convocar un concurso público-, no los considera "una recompensa" por la elaboración de las facturas sino que el informe fue encargado "en un entorno de amistad" entre Vicens y su contable.

Otra de las declaraciones que tuvo lugar en esta jornada fue la del ex director insular de Territorio y ex secretario general de UM, Damià Nicolau, recientemente imputado en el procedimiento, quien manifestó que fue instado a "justificar la necesidad" del encargo realizado desde la Conselleria de Territorio. A su salida del TSJIB, Nicolau afirmó que durante su declaración ha negado cualquier tipo de irregularidad en torno al informe y eludió responder sobre quién le ordenó encargarlo.

También aseguró no guardar él mismo ninguna relación con el proceso de recalificación, por el que se investigan delitos de alcance millonario derivados de una presunta trama político-empresarial, ya que en el momento en que se llevó a cabo, en 1999, "tenía 21 años, estudiaba y no estaba metido en política".

UTILIDAD DEL ESTUDIO

Mientras tanto, Vicens afirmó en su declaración haber encargado el estudio, justificando su utilidad en torno a decisiones a tomar sobre política de suelo, aunque negó que indicase a su contable páginas web donde poder extraer y "plagiar" el contenido del estudio adjudicado. A su salida de la máxima instancia judicial de las islas, el ex dirigente 'uemita' se limitó a decir que la comparecencia "ha ido bien" y que está "contento" con su declaración, aunque eludió profundizar sobre sus manifestaciones ante el juez, ya que "sobre temas de justicia no hablo", afirmó.

Previamente a las declaraciones de estos tres imputados, también tuvo lugar la del abogado y también encausado, Jaime Montis, presunto testaferro, quien tras abandonar el TSJIB eludió hacer declaraciones a los medios y tan sólo señaló que "hay que dejar trabajar a la justicia".

Cabe recordar que Vicens ya eludió su ingreso en prisión preventiva el pasado 11 de noviembre al abonar una fianza de 100.000 euros frente a los 800.000 que pedía la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio público investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas, mediante el cobro de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a urbanizable.

INSTRUCCIÓN DEL CASO

En concreto, fue el pasado 27 de octubre cuando la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB se declaró competente para instruir el caso, procedente del juzgado de instrucción número 2 de Palma, debido a la condición de aforado de Vicens. Se trata de la primera vez en la historia de la comunidad balear que un juez ordinario en Baleares pedía la adopción de una medida cautelar al TSJIB para un aforado, como es el caso de Vicens por ser diputado en el Parlament.

En relación con el procedimiento, la Fiscalía afirma que Vicens creó una sociedad, Metalumba, en septiembre de 2002, siendo 'número dos' de UM, mediante la que cobró 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono, aprobada por el Consell de Mallorca en 1999. La empresa fue registrada a nombre de su mujer, Antònia Martorell, mientras que su presunta testaferro Elisabeth Diéguez fue designada administradora única.