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Pleno debate el viernes cambios en cuentas GMU, la comparecencia de Cabello por Detea y la huelga de Lipasam

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sevilla debate este viernes en sesión ordinaria una modificación presupuestaria en el presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) por valor de 20 millones de euros, la situación de la educación concertada y el impulso de las negociaciones con la plantilla de la empresa municipal de Lipasam para evitar la huelga. Además, el PSOE solicitará la comparecencia del concejal de Seguridad y Movilidad hispalense, Demetrio Cabello (PP), para que informe sobre el estado de las instalaciones municipales traspasadas a Detea.

Según el orden del día recogido por Europa Press, el equipo de gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) aprueba definitivamente el estudio de detalle de la manzana central de la barriada Martínez Montañés y aprueba la solicitud para la incorporación de Sevilla a la Red Española de ciudades Inteligentes (RECI). Además, toma conocimiento de la modificación presupuestaria de la GMU por valor de 20,2 millones por una ampliación de las previsiones de ingresos de 2012.

En cuanto a los grupos, el PP lleva dos mociones para instar a la Junta de Andalucía al "cumplimiento" de la legislación sobre conciertos educativos y a la transferencia de la titularidad de una parcela en la Ronda del Tamarguillo a favor del Ayuntamiento como pago de la deuda contraída con la ciudad.

Por su parte, el PSOE propondrá la comparecencia del delegado de Seguridad y Movilidad, Demetrio Caballo, para pedirle que explique la situación de los edificios que albergaban la antigua comisaría de Policía Local en la Isla de la Cartuja y que fueron entregados a la empresa Detea en junio. Además, lleva otra moción para solicitar el inicio de la reurbanización del Canal de Ranillas.

Tras esto, IU presentará una moción para solicitar al Ayuntamiento que retome la negociación con el comité de empresa de Lipasam ante el paro técnico convocado a partir de este lunes y otra iniciativa para instar al Gobierno central a que adopte de forma urgente medidas para excluir a los ciudadanos del pago de las tasas judiciales.